El 25 de abril de 2025, el FBI arrestó a la jueza del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, acusada de obstruir una operación de arresto migratorio federal. Este hecho marca la primera vez que el Departamento de Justicia de EE. UU. detiene a un miembro del poder judicial por presuntamente interferir con la aplicación de la ley migratoria federal.
Según el director del FBI, Kash Patel, la jueza Dugan habría desviado intencionadamente a los agentes federales que intentaban detener a Eduardo Flores Ruiz, un inmigrante mexicano indocumentado, después de una audiencia judicial el 18 de abril. Flores Ruiz enfrentaba cargos por tres delitos menores de agresión y estaba citado en el tribunal de Dugan para una conferencia previa al juicio. Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) esperaban fuera de la sala con una orden de arresto federal. Según informes, Dugan habría dirigido a Flores Ruiz y a su abogado por una salida lateral y un pasillo privado, permitiéndoles evitar a los agentes. Posteriormente, Flores Ruiz fue detenido tras una persecución a pie y actualmente se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención de Dodge, Wisconsin .
El arresto de Dugan se produce en el contexto de una política migratoria más estricta bajo la administración de Donald Trump, que ha instado a los fiscales federales a investigar a funcionarios locales que obstruyan la aplicación de las leyes migratorias. El director del FBI, Kash Patel, anunció inicialmente el arresto en una publicación en la red social X, que fue eliminada poco después. En ella, afirmó que la obstrucción de Dugan “aumentó el peligro para el público” .
El portavoz del Servicio de Alguaciles de EE. UU., Brady McCarron, confirmó que la jueza fue arrestada alrededor de las 8:00 a.m. en el juzgado del condado de Milwaukee y está bajo custodia federal .
Dugan compareció brevemente ante un tribunal federal y fue puesta en libertad, con una próxima audiencia programada para el 15 de mayo. Su abogado ha declarado que el arresto fue injusto y no en interés de la seguridad pública .
El caso ha generado un intenso debate sobre la cooperación entre autoridades locales y federales en la aplicación de las leyes migratorias, y se espera que tenga implicaciones significativas en la relación entre el poder judicial local y las agencias federales de inmigración.
