El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha concedido este viernes a la Administración Trump una de las victorias legales más importantes de su segundo mandato al limitar las competencias de los tribunales federales a la hora de paralizar las cuestionadas órdenes ejecutivas del presidente norteamericano.
Trump lleva meses quejándose de las llamadas “medidas cautelares a nivel nacional” que varios tribunales federales han emitido contra sus órdenes en cuestiones principalmente como la migración, al suspender las deportaciones de migrantes irregulares y sus expulsiones, en el caso de que ser acusados de integrar bandas criminales con carácter de organización terrorista, a la cárcel CECOT de El Salvador.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso identificó 25 casos solo entre el 20 de enero y el 29 de abril en los que un juez federal emitió una orden judicial de alcance nacional. Estos incluyen casos sobre temas que abarcan desde la financiación federal hasta consideraciones de diversidad, equidad e inclusión, y la ciudadanía por nacimiento, tema que se debate en el dictamen del Tribunal Supremo del viernes que restringe su uso, todavía en el aire.
En su dictamen, publicado en su página web, la mayoría conservadora de jueces del Supremo, con la magistrada Amy Conney Barret a la cabeza, determina que “si un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal exceda su poder también”.
“Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo”, ha hecho saber la jueza en representación de la mayoría conservadora del tribunal. “Resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, añade en un dictamen que ha contado con la opinión discordante de la bancada liberal del tribunal, encabezada por la jueza Sonia Sotomayor.
“De un plumazo, el presidente ha convertido nuestra Constitución en una burla solemne”, ha escrito la jueza, que ha acusado a los jueces conservadores de “ceder, en lugar de mantenerse firme” contra los designios del presidente.
En una de las primeras reacciones, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha celebrado el dictamen como el final del “el aluvión interminable de órdenes judiciales a nivel nacional contra el presidente Trump”.
“Esto no habría sido posible sin el trabajo incansable de nuestros excelentes abogados del Departamento de Justicia y nuestro procurador general, John Sauer”, ha hecho saber Bondi en X antes de garantizar que “el Departamento de Justicia continuará defendiendo con celo las políticas del presidente de Estados Unidos y su autoridad para implementarlas”.
