El Pleno del Congreso ha dado luz verde al nuevo reglamento impulsado por PSOE, Sumar y varios grupos aliados, que introduce un régimen sancionador específico para informadores acreditados que interrumpan o dificulten la labor parlamentaria y de prensa. La reforma fue aprobada con los votos en contra de PP, Vox y UPN.
¿En qué consiste?
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Nuevas infracciones tipificadas: interrupciones de ruedas de prensa, grabaciones en áreas no autorizadas, desacato a instrucciones, accesos sin acreditación, publicación de grabaciones o imágenes obtenidas de forma irregular .
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Clasificación de faltas: leves, graves o muy graves, con sanciones que van desde apercibimientos hasta revocaciones temporales o definitivas de acreditación ─incluyendo suspensión de medios por hasta tres años .
¿Quién toma las decisiones?
La Mesa del Congreso, asesorada por un nuevo Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, decidirá sanciones sobre recomendaciones de grupos parlamentarios y asociaciones de prensa.
Objetivo y controversia
El objetivo declarado es proteger la dignidad del espacio parlamentario, evitar acosos y frenar la difusión de bulos o manipulación mediática por parte de agitadores ultraderechistas.
Los partidos del PP y Vox califican la reforma como un ataque encubierto a la libertad de prensa, mientras que quienes la defienden aseguran que no pretende restringir a los periodistas serios, sino a quienes abusan de su acreditación para sembrar desinformación y hostigar a diputados o colegas.
