El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha reclamado este jueves al Gobierno de España la firma de acuerdos de readmisión con Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal para permitir la “devolución automática” de migrantes que hayan accedido de forma irregular.
En un comunicado, recogido por Europa Press, Jupol ha explicado que la medida favorecería el fin de las redes de inmigración ilegal, evitaría el “efecto llamada que incentiva los viajes clandestinos en condiciones extremas” y reforzaría la seguridad nacional mediante “un control efectivo de los flujos migratorios”.
Para elaborar la norma, el sindicato pide seguir el ejemplo de un acuerdo similar firmado entre España y Francia que establece que “cualquier persona que entre en Francia de forma irregular y se acredite o presuma que llegó a la Unión Europea a través de España” será “devuelta automáticamente” a España.
La entidad ha defendido que ese mismo principio debería aplicarse a los mencionados países africanos, para que cualquier persona que llegue de forma irregular a España pueda ser “readmitida” en dichos territorios “sin dilaciones ni trámites innecesarios”.
“Cuando un cayuco que proceda de estos países o haya pasado por ellos sea devuelto de manera inmediata, se eliminará el incentivo para que las mafias sigan enviando embarcaciones abarrotadas y en condiciones inhumanas. Esto, lejos de ser una medida hostil, es una medida de protección de vidas humanas“, ha argumentado la organización.
Jupol ha subrayado, además, que el actual enfoque de gestión migratoria es “insostenible” y “actúa como combustible del negocio criminal”.
Todo ello redunda, bajo su punto de vista, en que los policías soporten cada vez más “presión operativa y emocional”, puesto que cada desembarco implica una compleja cadena de actuaciones que incluyen el rescate y la recepción del barco en puerto, la identificación de los migrantes, la tramitación de expedientes, la custodia de las personas en situación irregular, la coordinación con los juzgados y servicios sociales y la vigilancia en centros de internamiento saturados.
Y supone, en último término, que los agentes sufran una “falta crónica de recursos humanos y materiales”, ha lamentado.
