La inspectora de la Agencia Tributaria que investigó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado ante la jueza que el empresario solo intentó regularizar su situación fiscal tras ser descubierto por Hacienda. La funcionaria ha detallado que el acusado, al detectar la inspección tributaria, presentó una declaración complementaria para intentar corregir el fraude.
Durante su comparecencia, la inspectora ha explicado que González Amador registró un aumento significativo de ingresos en el año 2020, pasando de 100.000 euros en 2019 a más de 2,3 millones. Esta variación activó las alarmas de la Agencia Tributaria, que detectó indicios de fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas por servicios no prestados.
Según la Agencia Tributaria, el acusado utilizó dichas facturas falsas para reducir artificialmente su base imponible y eludir el pago de impuestos. La supuesta regularización llegó únicamente cuando fue consciente de que estaba siendo investigado, según la versión de la inspectora ante el juzgado.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado para González Amador una pena de 3 años y 9 meses de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública y uno de falsedad documental. La causa se encuentra en fase de instrucción, y el juzgado investiga si existió dolo en la actuación del acusado y si las facturas emitidas fueron realmente simuladas.
