La Agencia Tributaria ha remitido al juzgado un informe en el que concluye que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, facturó un total de 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre los años 2021 y 2023 a través de sus sociedades Maxwell Cremona y Masterman.
El documento, incorporado a la causa judicial que investiga a González Amador por presuntos delitos de corrupción en los negocios y falsedad documental, detalla que la cuantía total facturada durante esos tres ejercicios alcanzó los 4.436.495 euros. La información se enmarca en las diligencias abiertas para esclarecer las relaciones comerciales mantenidas entre las empresas del empresario y el grupo sanitario.
Hacienda sostiene que existen indicios de simulación en parte de los servicios facturados a Quirón Prevención. Según recoge el informe, la Inspección Tributaria aprecia posibles irregularidades en las actividades desarrolladas por la sociedad Masterman, una de las compañías vinculadas a González Amador. La investigación coincide con los análisis realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha señalado que dicha empresa carecería de medios suficientes para prestar algunos de los servicios por los que recibió pagos.
Los investigadores también examinan la adquisición de la empresa Masterman en 2020. La sociedad fue comprada por González Amador a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, por 500.000 euros. Tanto la Fiscalía como los investigadores consideran que esta operación podría guardar relación con la adjudicación posterior de contratos y con una posible comisión encubierta, extremo que continúa bajo investigación judicial.
La UCO mantiene que la empresa investigada no disponía de estructura técnica ni personal suficiente para ejecutar los trabajos facturados. Los agentes han solicitado además información financiera de numerosas cuentas bancarias relacionadas con los investigados para reconstruir el flujo económico de las operaciones realizadas durante los últimos años.
El informe remitido por Hacienda no se limita a la actividad de González Amador. Los inspectores han comunicado igualmente al juzgado la apertura de actuaciones sobre Quirón Prevención para revisar diversas operaciones vinculadas a las sociedades investigadas. No obstante, la Agencia Tributaria ha solicitado que determinadas actuaciones queden supeditadas a la evolución del procedimiento penal actualmente en marcha.
Los 4,4 millones facturados corresponden al periodo comprendido entre 2021 y 2023, años en los que la relación entre González Amador y la presidenta madrileña ya era pública. La documentación incorporada al procedimiento refleja un notable incremento de la actividad económica de las sociedades del empresario respecto a ejercicios anteriores a la pandemia.
La investigación continúa abierta y se encuentra centrada en determinar si los contratos suscritos con Quirón Prevención respondían a servicios efectivamente prestados o si algunas de las operaciones analizadas pudieron tener una finalidad distinta de la declarada.
La Agencia Tributaria, la UCO y el juzgado instructor mantienen abiertas distintas líneas de investigación sobre los pagos, las sociedades implicadas y el origen de determinados fondos. El procedimiento sigue avanzando con la recopilación de documentación económica y societaria para esclarecer el alcance de las operaciones investigadas y determinar la posible existencia de responsabilidades penales.
