Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a retirar la reforma de la carrera judicial y fiscal, conocida como ‘Ley Bolaños’, que lleva ocho meses paralizada; así como el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), entre otros.
Ese proyecto de Ley Orgánica que reforma la Ley del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal fue aprobada por el Consejo de Ministros en mayo de 2025, al poco tiempo se celebró el debate de totalidad e incluso un mes después se presentaron las enmiendas parciales, pero desde entonces permanece varada en la Cámara Baja sin avances.
El Gobierno ha prometido en numerosas ocasiones su intención de sacar adelante la medida, pero al tratarse de una ley orgánica necesita al menos 176 votos (mayoría absoluta) y Junts nunca llegó a dar su visto bueno y el pasado noviembre cortó relaciones con el PSOE y dejó claro que no piensa apoyarlo.
En primer lugar, la PNL, recogida por Europa Press, se refiere al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por el Consejo de Ministros, conocida como ‘Ley Bolaños’.
POR UNA CARRERA FISCAL “MENOS DEPENDIENTE” DE LA ADMINISTRACIÓN
Vox sostiene que esta reforma introduce cambios en el acceso a las carreras judicial y fiscal que hacen dicho acceso “más dependiente” de la Administración, al encomendar la formación y concesión de becas al Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Gobierno, modificar las pruebas de oposición, suprimir un examen oral y alterar el denominado ‘cuarto turno’.
Asimismo, rechaza el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal y la nueva regulación de la Comisión de Ética Judicial, que prevé que cuatro de sus nueve miembros sean designados por las Cortes Generales.
NO QUIEREN QUE LA FISCALÍA DIRIJA LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL
En segundo lugar, la formación presidida por Santiago Abascal cuestiona la reforma de la LeCrim, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de octubre, pues rechazan que se encargue la fase de instrucción a la Fiscalía, cediéndole la Policía Judicial, y que se restrinja el ejercicio de la acción popular.
En tercer lugar, la iniciativa menciona la proposición de ley de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, registrada por el PSOE.
Vox critica que plantee la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos y la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir como nueva causa de abstención o recusación de jueces y magistrados el hecho de haberse pronunciado públicamente sobre actuaciones de autoridades, partidos, sindicatos u otras entidades que sean parte en un procedimiento.
Además de instar al Gobierno a retirar de forma inmediata dichos proyectos de ley, la proposición exige además promover una modificación de la legislación sobre el indulto para proscribir su aplicación en delitos cometidos por miembros del Gobierno, autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus cargos, contra el criterio del tribunal sentenciador o de la víctima, y, en todo caso, en delitos relacionados con la corrupción política, la forma política del Estado o la integridad territorial de España.
