El Congreso denegará la solicitud de indemnización por cese presentada por el exministro José Luis Ábalos tras su renuncia al escaño, argumentando que en el momento de la petición se encontraba suspendido de sus derechos y que dicha prestación sería incompatible con la pensión de jubilación que pretende percibir, según informaron fuentes parlamentarias a Europa Press.
Ábalos renunció a su escaño después de que el Tribunal Supremo confirmara su prisión provisional en el marco del ‘caso Koldo’, y anunció su intención de acogerse a la jubilación alegando que había sido “desprovisto” de sus derechos y “privado de todo ingreso y protección social”.
Los diputados que cesan en su cargo pueden acceder a una indemnización equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato, siempre que no perciban otros ingresos. En el caso de Ábalos, que fue diputado desde abril de 2009, la cantidad podría haber superado los 57.200 euros.
No obstante, existían dudas sobre su derecho a solicitar esta indemnización debido a que fue suspendido por la Mesa del Congreso tras su ingreso en prisión preventiva, quedando sin sueldo ni derecho a voto.
Un informe jurídico concluye que no procede otorgar la indemnización, ya que la solicitud fue realizada cuando Ábalos estaba suspendido y, por tanto, carecía del derecho a percibirla. Además, se enfatiza que la pérdida del acta no implica la recuperación de derechos previamente suspendidos.
Los servicios jurídicos recuerdan también que esta indemnización busca paliar las dificultades para reincorporarse al mercado laboral y es incompatible con cualquier otro ingreso, incluida la pensión por jubilación. La prestación se paga mes a mes y se interrumpe si el beneficiario percibe otros ingresos.
La Mesa del Congreso formalizará este martes la decisión de denegar la petición de Ábalos, quien será sustituido esta semana por la siguiente persona en la lista del PSOE por Valencia.
Por otro lado, el último diputado que recibió esta indemnización fue Santos Cerdán, también exsecretario de Organización del PSOE, quien cobró cerca de 19.000 euros tras dejar el Congreso en junio, poco antes de su ingreso en prisión preventiva. El PP intentó impedir este cobro alegando que ocultó su participación en una empresa, pero PSOE y Sumar avalaron su derecho amparándose en un informe jurídico. La diferencia con Ábalos es que Cerdán conservaba sus derechos cuando renunció a su escaño.
