El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La medida, anunciada por el presidente Pedro Sánchez, busca, según sus palabras, “saldar una deuda histórica con la ciudadanía” y avanzar en la transparencia democrática.
La decisión llega coincidiendo con el 45 aniversario del 23F, uno de los episodios más decisivos de la historia reciente de España. Hasta ahora, buena parte de la documentación oficial sobre aquellos hechos permanecía clasificada bajo la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una norma anterior a la Constitución que no establecía plazos automáticos para la desclasificación.
Entre los archivos que podrían salir a la luz se encuentran sumarios judiciales, grabaciones y documentos de los antiguos servicios de inteligencia, cuya consulta ha estado restringida durante décadas. El Ejecutivo sostiene que la apertura de estos fondos permitirá un mayor conocimiento histórico y reforzará el compromiso democrático con la memoria institucional.
La desclasificación se hará efectiva tras su aprobación formal en el Consejo de Ministros y su posterior publicación oficial, momento en el que los documentos estarán disponibles para investigadores y ciudadanía
