La investigación judicial sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha entrado en una nueva fase tras la difusión de varios informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco del denominado “caso Plus Ultra”. La causa, dirigida por la Audiencia Nacional y supervisada por el juez José Luis Calama, analiza posibles delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal relacionados con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
Según los informes policiales conocidos en los últimos días, la UDEF considera que Zapatero habría desempeñado un papel relevante en una red empresarial y de consultoría vinculada al empresario Julio Martínez Martínez y a la sociedad Análisis Relevante. Los investigadores sostienen que el expresidente habría ejercido una “dirección estratégica” dentro de dicha estructura, basándose en documentación intervenida y en comunicaciones analizadas durante la investigación.
Uno de los principales focos de la investigación gira en torno a las gestiones realizadas para facilitar financiación a la aerolínea Plus Ultra en plena crisis sanitaria. La UDEF apunta a contactos y mediaciones realizadas con entidades financieras, entre ellas el Banco Santander, con el objetivo de obtener créditos respaldados por avales ICO. Aunque estas operaciones no llegaron a prosperar en algunos casos, los investigadores consideran que reflejan una posible utilización de influencia política y empresarial para beneficiar a la compañía aérea.
La Audiencia Nacional también investiga una presunta red de sociedades vinculadas a personas del entorno de Zapatero. Los informes policiales mencionan varias empresas que, según la tesis de los investigadores, habrían servido para canalizar pagos o realizar operaciones de consultoría bajo sospecha. Entre las sociedades analizadas aparecen firmas relacionadas con colaboradores cercanos y con familiares del expresidente.
La investigación adquirió dimensión internacional tras la colaboración de autoridades de Francia, Suiza y Estados Unidos, que habrían aportado información financiera y comunicaciones relacionadas con operaciones investigadas por presunto blanqueo de capitales. Parte de la documentación incorporada a la causa procede de pesquisas realizadas fuera de España sobre movimientos empresariales y financieros vinculados a Plus Ultra y a personas próximas a la aerolínea.
En el plano judicial, Zapatero ha sido citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio. La defensa del expresidente niega cualquier irregularidad y sostiene que las actividades profesionales desarrolladas tras abandonar la presidencia del Gobierno fueron legales y transparentes. Además, sectores del PSOE y algunos socios parlamentarios del Ejecutivo han reclamado prudencia y respeto a la presunción de inocencia, mientras que PP y Vox han intensificado sus críticas políticas al Gobierno y al propio expresidente.
