La Comisión Mixta (Congreso y Senado) sobre Insularidad abordará este martes una iniciativa de varios aliados parlamentarios del Gobierno que busca forzar al Ejecutivo a incluir a Canarias y Baleares en la cogestión de sus aeropuertos en el plazo máximo de seis meses.
Se trata de una moción –iniciativa no legislativa– presentada por el Grupo Izquierda Confederal (Más Madrid, Compromís, Asociación Socialista Gomera, Geroa Bai y el senador por Pitiusas), que pretende instar al Gobierno central a aplicar en Canarias y Baleares el mismo modelo pactado con Euskadi.
Precisamente, el Gobierno y Canarias están actualmente negociando para poder llegar a un plan similar al de Euskadi en cuanto a infraestructuras aeroportuarias.
Sin embargo, estos aliados del Gobierno pretenden conseguir el apoyo de las Cortes Generales para dejar por escrito la “garantía” de participación real y efectiva de los Ejecutivos de Baleares y Canarias, y eventualmente también de los cabildos y consells insulares, en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos de interés general ubicados en sus respectivos territorios.
Por ello, proponen que, en el plazo máximo de seis meses, se impulse este modelo de cogobernanza aeroportuaria que permita la participación de los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares en la toma de decisiones que afecten a la conectividad, movilidad y desarrollo económico de ambos archipiélagos.
REVISAR LOS COMITÉS DE COORDINACIÓN
Del mismo modo, plantean una revisión de “las competencias, composición y funcionamiento de los actuales comités de coordinación aeroportuaria, de forma que dejen de ser órganos meramente consultivos sin capacidad efectiva de influencia en las decisiones adoptadas por Aena y otros entes dependientes del sistema aeroportuario estatal”.
También buscan garantizar que cualquier modificación de tasas aeroportuarias, reducción de servicios, alteración de rutas o decisiones estratégicas con impacto sobre la conectividad de Canarias y Baleares cuente previamente con mecanismos de información, consulta y participación de los respectivos gobiernos autonómicos y administraciones insulares.
Por último, quieren promover un marco de colaboración institucional que compatibilice el funcionamiento coordinado de la red aeroportuaria estatal con el respeto a los derechos reconocidos en los estatutos de autonomía de Canarias y Baleares.
