El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes una inversión sin precedentes para la dependencia, con 2.218 millones de euros extra para este año, lo que supone, según el Ejecutivo, el mayor incremento de la historia en la aportación estatal al sistema.
El Consejo de Ministros dará luz verde a un real decreto-ley que consolidará esta mejora de financiación. Con esta medida, el Gobierno prevé destinar 6.200 millones de euros más en 2026 y 2027 respecto a los últimos presupuestos aprobados. De este modo, la aportación estatal alcanzará los 7.239 millones de euros en 2027, duplicando la cifra registrada en 2025.
La iniciativa busca mejorar las condiciones de las más de 1,6 millones de personas dependientes que hay en España y de sus familias. Para ello, se incrementarán las cantidades que el Estado transfiere a las comunidades autónomas en función del número de personas dependientes atendidas y de su grado de dependencia.
Según explicó Sánchez durante un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia celebrado en la sede del IMSERSO, la reforma persigue tres objetivos fundamentales: reducir las listas de espera, garantizar más y mejores cuidados y mejorar las condiciones laborales de los cuidadores.
El presidente destacó además que esta inversión “casi multiplica por cinco” la financiación estatal existente cuando llegó al Gobierno. Asimismo, aseguró que permitirá cumplir uno de los compromisos centrales de la legislatura: que la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia, elevando su aportación por encima de los 7.200 millones de euros en 2027.
“Porque hacer país y más grande nuestra democracia es cuidar de quienes más lo necesitan”, defendió el jefe del Ejecutivo durante su intervención.
La reforma contempla cambios en la financiación mínima por persona dependiente. En el caso del grado III, correspondiente a la dependencia más severa, las cuantías aumentarán un 128%, pasando de 290 a 660 euros mensuales. Para los beneficiarios con grado II, la aportación crecerá un 100%, desde los 130 hasta los 260 euros al mes. En cuanto al grado I, considerado de dependencia moderada, la cuantía se incrementará un 18%, pasando de 76 a 90 euros mensuales.
Las ayudas para los dependientes con grado III pasarán de 290 a 660 euros al mes, convirtiéndose en uno de los incrementos más significativos incluidos en la reforma.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sostienen que estos cambios permitirán que la aportación estatal alcance los 5.513 millones de euros en 2026 y los 7.239 millones en 2027. Según el departamento, la inversión en dependencia será ya el próximo año el doble de la registrada en 2025 y cinco veces superior a la existente hace una década.
Al tramitarse mediante real decreto-ley, la entrada en vigor será inmediata. Las comunidades autónomas comenzarán a recibir las nuevas cantidades a partir del próximo 1 de julio, dado que son las administraciones competentes para gestionar el sistema de dependencia.
El Ejecutivo vincula además este refuerzo económico a la futura reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que actualmente se debate en el Congreso. La nueva normativa contempla servicios adicionales y nuevos recursos para las personas dependientes.
Entre las medidas previstas figuran nuevos modelos de convivencia colaborativa, apoyos en viviendas compartidas, productos destinados a mejorar la autonomía personal —como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz—, servicios de asistencia personal y una ampliación de la ayuda a domicilio para acompañar a los usuarios también fuera de sus hogares, por ejemplo en desplazamientos médicos o gestiones cotidianas.
