El PP llevará de nuevo a votación en el Pleno del Congreso este miércoles la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esta vez por su gestión de la crisis generada por la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta el pasado mes de julio.
Los ‘populares’ han incluido la reprobación en la moción consecuencia de la interpelación que dirigieron la semana pasada a Marlaska, que ya es el ministro más reprobado de la legislatura tanto en el Congreso como en el Senado.
En concreto, intentarán que la Cámara censure su gestión al frente de su ministerio, la “evidente desprotección de las fronteras españolas”, el “abandono de Ceuta y sus reiteradas contradicciones sobre los avisos y alertas previas”. La moción también insta al presidente del Gobierno a proceder a su cese.
Además, el PP busca que el Congreso emplace al Gobierno a reforzar de forma inmediata y permanente la presencia en la ciudad autónoma de la Policía Nacional, la Guardia Civil y, mientras resulte necesario, las Fuerzas Armadas en Ceuta, dotándolas de los efectivos, medios materiales, alojamientos, dietas y condiciones adecuadas para proteger la frontera, garantizar el orden público y recuperar la normalidad.
MÁS MEDIOS PARA AGILIZAR EL RETORNO
En este contexto, demanda establecer dispositivos especiales de seguridad en calles, espacios públicos, centros educativos, sus accesos y los itinerarios cotidianos de “escolares, mujeres y menores”.
Asimismo, los de Alberto Núñez Feijóo intentarán que la Cámara respalde su petición de que se adopten cuantas medidas sean necesarias para hacer efectivo el retorno o la devolución de quienes entraron ilegalmente en Ceuta.
Plantean que se recurra a todos los instrumentos jurídicos nacionales, europeos y bilaterales disponibles y que se incrementen de manera urgente los efectivos y medios destinados a la identificación y a la tramitación de todos los expedientes de devolución, retorno o asilo.
DEVOLVER TAMBIÉN A LOS MENORES
En el caso de los menores extranjeros no acompañados, el PP urge a priorizar su identificación, la determinación de su edad y la localización de sus familias para proceder, atendiendo a su interés superior, a su retorno al entorno familiar o a su entrega a los servicios de protección de su país de origen.
En el plano diplomático, defiende que el Gobierno llame a consultas al embajador de España en Marruecos y convoque nuevamente a la embajadora del país vecino en España ante la reiteración de las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla por miembros del Gobierno marroquí.
Asimismo, solicita al Ejecutivo que exija explicaciones claras sobre la actuación de las autoridades marroquíes durante los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio y, en particular, sobre si “permitieron, consintieron o facilitaron la entrada masiva que vulneró una frontera española y europea en Ceuta”.
REAFIRMAR LA SOBERANÍA ESPAÑOLA
En la misma sesión se someterá a votación la moción consecuencia de la interpelación que Vox dirigió también a Marlaska en el anterior Pleno de control. Los de Santiago Abascal buscan que la Cámara señale al Gobierno como “culpable” los “crímenes” que puedan perpetrar los inmigrantes en Ceuta y de los efectos económicos de su permanencia en la ciudad autónoma.
También aspira a que el Congreso reconozca la labor de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los militares desplegadas en Ceuta y denuncie la condiciones en las que trabajan, a su juicio, por la “desidia” gubernamental.
En otro de los puntos, reafirma la “plena e indiscutible soberanía española” sobre Ceuta, Melilla, las Chafarinas, Vélez de la Gomera, Perejil y Alhucemas, rechaza cualquier negociación con Marruecos al respecto, citando expresamente la posibilidad de una “soberanía compartida”, y pretende que el Pleno condene las declaraciones de ministro marroquíes cuestionando su españolidad, exija a Marruecos el reconocimiento de la soberanía española y
Vox también defiende la devolución a Marruecos de todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta, así como reforzar militar y policialmente las fronteras con más medios materiales, tecnológicos y jurídicos, incluido el despliegue de la Armada en la frontera marítima y dotar a estos efectivos de “reglas de enfrentamiento claras y acordes a Derecho, que aseguren el éxito de su función”.
Por último, plantea denunciar lo sucedido ante organismos internacionales y propone suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito en 1991 con Marruecos si el reino alauí no rectifica sus “actuaciones hostiles” y promover en la Unión Europea la suspensión o revisión del acuerdo de asociación con este país.
