Junts ha rechazado este jueves que, después de ocho años del Gobierno de Pedro Sánchez, ahora sean sus siete diputados en el Congreso los culpables de la crisis de la vivienda que se arrastra en España. La formación catalana responde así a las críticas recibidas después de anunciar su rechazo a los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo. Junts sostiene que no puede atribuirse a sus siete diputados la responsabilidad por la situación actual del mercado de la vivienda.
Así lo ha señalado el portavoz económico de Junts en el Congreso, Josep Maria Crusset, que ha salido al paso de las críticas que el PSOE y otros socios parlamentarios están lanzando contra la formación de Carles Puigdemont. Las críticas llegan después de que Junts comunicara este jueves por la noche su rechazo a los decretos de vivienda que se someten a votación en el Congreso y reclamara al Gobierno trabajar sobre un texto alternativo. La Ejecutiva de Junts considera que varias de las medidas planteadas por el Ejecutivo pueden provocar efectos contrarios a los perseguidos y reducir la oferta disponible de viviendas en alquiler.
Crusset ha recurrido a las redes sociales para responder a esas acusaciones y poner el foco sobre la evolución de la vivienda durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez. El diputado de Junts cifra en un 23% el incremento del precio del alquiler y en un 30% el aumento del precio de venta durante este periodo. Además, ha mencionado la existencia de 250.000 desalojos para cuestionar que la responsabilidad por la crisis pueda recaer ahora sobre los siete representantes de su formación en el Congreso.
“Que sí, que sí. Que después de ocho años gobernando, con un aumento del precio del alquiler del 23%, un aumento del precio de venta del 30% y 250.000 desalojos, ahora la culpa del problema será de los siete diputados de Junts. Que sí, que sí”, ha escrito Crusset en un comentario publicado en X.
La posición de Junts llega después de que la formación anunciara su rechazo a los dos decretos de vivienda y solicitara al Ejecutivo su retirada. El partido reclama la elaboración de un nuevo texto y sostiene que algunas de las medidas incluidas en las normas podrían reducir la oferta de alquiler, incrementar los precios y dificultar todavía más el acceso a una vivienda de las personas con menor capacidad económica. Junts plantea que, una vez elaborado un nuevo decreto que recoja sus propuestas, estaría dispuesto a darle su voto favorable.
El Ministerio de Vivienda, por su parte, ha rechazado las principales objeciones planteadas por Junts. El departamento dirigido por Isabel Rodríguez sostiene que los decretos incluyen incentivos fiscales destinados a movilizar vivienda y medidas dirigidas a proteger tanto a inquilinos vulnerables como a propietarios. Vivienda también asegura que el texto incorpora varias de las exigencias planteadas anteriormente por la formación catalana.
Durante la defensa del primero de los decretos, la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha recordado a Junts 🍈 que el texto del Gobierno incorpora, según el Ejecutivo, alrededor del 90% de las peticiones formuladas por la formación catalana. Entre ellas ha citado bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios, exenciones para mayores de 65 años que pasen a vivir en una residencia, préstamos a tipo cero para jóvenes y medidas fiscales vinculadas a la construcción de vivienda.
Rodríguez ha pedido por ello a los diputados de Junts que permitan la convalidación del decreto y que posteriormente se tramite como proyecto de ley. Este procedimiento permitiría a los grupos parlamentarios presentar enmiendas e introducir modificaciones durante su tramitación en las Cortes. El Gobierno intenta así mantener abiertas las negociaciones con Junts para evitar que los decretos de vivienda decaigan en el Congreso.
