El Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes el primer decreto ley de medidas sobre vivienda aprobado esta semana por el Gobierno, conocido mediáticamente como “decreto Maricarmen”, en una votación que supone una nueva derrota parlamentaria para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y vuelve a situar la continuidad de la legislatura en el centro del debate político.
El texto ha sido rechazado por 178 votos frente a 172. PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y Compromís han votado a favor, mientras que PP, Vox, Junts y UPN han sumado sus votos en contra, provocando la derogación de la norma.
“En consecuencia, queda derogado el decreto ley”, ha proclamado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, una vez conocido el resultado.
La norma había entrado en vigor a las 00:00 horas del jueves, después de su publicación en el BOE, por lo que su vigencia efectiva ha sido de poco más de un día antes de ser rechazada por la Cámara Baja. Entre otras medidas, incluía nuevas protecciones frente a determinados desahucios de personas vulnerables y medidas relacionadas con la continuidad de contratos de alquiler.
Sánchez interviene para intentar salvar el decreto
La votación ha estado precedida por un debate especialmente tenso. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había tratado de convencer a los grupos que anunciaban su rechazo y había dirigido especialmente sus mensajes hacia Junts, cuyo cambio hacia una abstención habría permitido modificar la aritmética parlamentaria.
El propio Pedro Sánchez ha intervenido en el pleno para reclamar responsabilidad a los grupos de la oposición y tratar de evitar la derrota.
“La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan”, ha advertido el presidente del Gobierno durante su intervención.
A petición de PSOE y Sumar, la votación se ha celebrado públicamente y por llamamiento. Los diputados han tenido que levantarse uno por uno desde sus escaños para anunciar su posición en voz alta.
Algunos representantes de Vox, incluido Santiago Abascal, han acompañado su voto negativo con expresiones contra el Gobierno.
La suma final no ha dejado margen: 172 síes y 178 noes.
Del desahucio de Maricarmen al Congreso
El decreto había nacido en un contexto marcado por la creciente movilización social alrededor de la vivienda y, especialmente, por el caso de Maricarmen Abascal, de 87 años, cuyo desahucio de la vivienda madrileña en la que había residido durante décadas desencadenó protestas y se convirtió en uno de los símbolos de las movilizaciones de los últimos días.
El caso provocó concentraciones y una acampada en la Puerta del Sol, además de incrementar la presión sobre el Gobierno para adoptar nuevas medidas en materia de alquiler y protección de los inquilinos.
El Consejo de Ministros respondió aprobando esta semana dos reales decretos-leyes de vivienda, que posteriormente debían superar la preceptiva convalidación del Congreso.
El primero de ellos es el que este viernes no ha conseguido superar la votación.
Una derrota que trasciende la política de vivienda
La caída de la norma tiene también una lectura política más amplia. El resultado vuelve a mostrar las dificultades del Ejecutivo para reunir una mayoría parlamentaria cuando alguno de los grupos que han permitido sacar adelante otras iniciativas durante la legislatura se descuelga del acuerdo.
En esta ocasión, el voto de Junts junto a PP, Vox y UPN ha sido determinante para que el Gobierno no alcanzara los 176 votos que habría necesitado para superar los 178 votos en contra. Durante las negociaciones previas, el Ejecutivo había tratado de incorporar medidas reclamadas por diferentes socios parlamentarios en un intento de construir una mayoría suficiente.
La derrota llega, además, después de varios días en los que la vivienda ha dominado la agenda política y social española.
Por ello, el foco se desplaza ahora desde el contenido concreto del decreto hacia una cuestión más amplia: hasta qué punto puede el Gobierno mantener una mayoría parlamentaria suficiente para continuar desarrollando su agenda durante el resto de la legislatura.
Las miradas se dirigen ahora a Sánchez
El rechazo del decreto no provoca jurídicamente una convocatoria automática de elecciones generales.
La decisión sobre un eventual adelanto corresponde al presidente del Gobierno, que puede proponer la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral dentro de los límites establecidos por la Constitución.
Sánchez podría, por tanto, optar por continuar la legislatura e intentar reconstruir mayorías diferentes para cada iniciativa, como ha sucedido en otras ocasiones, o decidir en algún momento recurrir a una convocatoria anticipada.
La posibilidad de un adelanto ha entrado con fuerza en el debate político alrededor de la votación, aunque a esta hora no existe un anuncio formal de convocatoria electoral. Las informaciones publicadas durante el debate describen un clima político crecientemente condicionado por esa posibilidad, pero la decisión continúa en manos del presidente.
La prudencia resulta especialmente necesaria porque una derrota parlamentaria, incluso en una iniciativa de gran relevancia política, no obliga constitucionalmente al Gobierno a disolver las Cortes.
La vivienda vuelve a convertirse en crisis parlamentaria
La derogación representa también un revés para las organizaciones que durante los últimos días habían intensificado sus movilizaciones para reclamar nuevas medidas.
El movimiento de inquilinos ha mantenido protestas desde el desahucio de Maricarmen y ha elevado la presión sobre las instituciones para conseguir una intervención más profunda en el mercado de la vivienda.
La crisis habitacional desemboca así en una nueva crisis parlamentaria para el Ejecutivo.
Tras conocerse el 178-172 que ha tumbado el decreto, la atención política se traslada inmediatamente a Moncloa y a los próximos movimientos de Pedro Sánchez.
La principal incógnita ya no es únicamente qué ocurrirá con las medidas de vivienda derogadas, sino cómo afectará esta derrota a la continuidad de la legislatura.
Por ahora, las elecciones anticipadas constituyen un escenario posible, pero no una decisión adoptada. Cualquier cambio en ese sentido dependerá de los próximos pasos del presidente del Gobierno.
