El Tribunal Supremo mantiene la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos para las elecciones generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado las peticiones de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que reclamaron que se permitiera votar a los descendientes del exilio porque no hay tiempo para revisar antes de los comicios el censo de residentes en el extranjero.
Para el 29-N, el censo válido es el cerrado a 1 de agosto de 2026, lo que cifra en 163.020 personas el número de afectados, según los últimos datos aportados por el Gobierno al Supremo. La decisión cuenta con el voto particular de uno de los seis miembros del tribunal, la magistrada Alicia Millán, que firmó un voto particular discrepante contra los autos con los que se paralizó el derecho al voto.
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso ha tomado esta decisión en el marco del recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar del derecho al voto de los hijos y nietos de exiliados que han obtenido la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática.
Los magistrados adoptaron esa medida, a petición del partido Iustitia Europa y Vox, el 8 de septiembre, cuando no había elecciones convocadas, pero, con el adelanto de las generales para el 29 de noviembre, el escenario se complica de forma drástica. Prueba de ello es que el Supremo haya notificado su decisión en plena festividad del 12 de octubre, tras haber cerrado la deliberación a lo largo del fin de semana, algo también inusual.
El Supremo reclamó en septiembre a la Junta Electoral Central (JEC) que ordenara el desglose de las personas que se han nacionalizado bajo el paraguas de la ley, que reconocía el derecho a la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual, o de la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia, que presupone la condición de exiliados a todos los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, al entender que esta norma no se ajusta a la ley.
Los jueces establecieron que la suspensión del voto solo debía afectar a los nacionalizados al amparo de la instrucción, pero, ya antes del adelanto electoral, la Dirección General de Asuntos Consulares había advertido en un escrito incorporado al procedimiento de que era “materialmente imposible” hacer esa distinción antes del 1 de enero de 2027, fecha que marca el censo que se usará en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, que eran las únicas con fecha segura en ese momento.
Pero para las elecciones del 29-N, conforme al artículo 39.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG), el censo debe estar disponible desde este lunes, 12 de octubre, para que los ayuntamientos y consulados lo expongan a consulta pública durante ocho días.
En ese plazo, se pueden presentar reclamaciones, que han de resolverse antes del 23 de octubre, cuando está prevista la publicación definitiva del censo. A partir de esa fecha, el censo es inamovible, por lo que la Fiscalía y la Abogacía reclamaron la semana pasada al tribunal que se replanteara la “ponderación de riesgos” que les llevó a optar por la suspensión del derecho al voto de los nuevos nacionalizados.
Los jueces justificaron esa medida en que el incremento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivado de la ley de nietos genera “un peligro fundado, real y serio” de que “el resultado electoral deseado por los españoles” se vea alterado por inscripciones irregulares en el censo.
Pero los servicios jurídicos del Gobierno defendieron que, en la ponderación de intereses, “ante el riesgo del sacrificio inmediato de un derecho fundamental, lo que debe primar es el ejercicio del derecho a participar”.
“Con los plazos indicados de la LOREG, el esquema de suspensión, revisión y recuperación de los efectos electorales deviene imposible y el efecto es la privación plena del derecho de sufragio activo con carácter irreversible”, advierte la Abogacía del Estado.
