Vox ha dirigido este viernes un escrito a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del Consejo de Europa, conocida como Comisión de Venecia, para que se pronuncie sobre las nacionalizaciones derivadas de la denominada ‘ley de nietos’, que la formación de Santiago Abascal considera un “fraude censal” destinado a “alterar” las elecciones.
En el documento remitido, Vox denuncia que la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’, ha abierto la puerta a la obtención de la nacionalidad española a “cientos de miles de personas” sin exigir un vínculo “real” con España.
La formación sostiene que estas nacionalizaciones han incrementado de forma significativa el número de españoles con derecho a voto en el extranjero. A su juicio, esta situación pone en riesgo la fiabilidad del censo electoral, la igualdad del voto entre provincias y la transparencia del conjunto del proceso electoral.
Por ello, Vox solicita a la Comisión de Venecia la elaboración de un dictamen país, un informe jurídico y técnico de carácter no vinculante, para evaluar si España cumple las garantías mínimas que aseguran unas elecciones limpias y fiables. Asimismo, reclama que ese análisis sea trasladado también a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha defendido la iniciativa asegurando que “un organismo independiente diga alto y claro lo que todos sospechamos: que este Gobierno está manipulando las reglas del juego democrático para perpetuarse”.
Esta actuación se enmarca en la estrategia que Vox mantiene contra la denominada ‘ley de nietos’. Entre las iniciativas impulsadas por la formación figuran una denuncia ante la Comisión Europea, el envío de una carta a los eurodiputados exponiendo los riesgos que, a su juicio, plantea el proceso de nacionalizaciones y la solicitud ante la Secretaría de Estado de Justicia para impugnar la instrucción ministerial aprobada en 2022.
Según Vox, dicha instrucción amplía el acceso a la nacionalidad española más allá de lo previsto inicialmente en la Ley de Memoria Democrática, al permitir también que puedan acogerse descendientes de emigrantes por motivos económicos y no únicamente políticos.
Además, el partido ha reclamado la auditoría y suspensión de las inscripciones “masivas” en el CERA y que no se permita el voto por correo desde el extranjero sin garantías suficientes sobre la identidad del votante y la custodia del sufragio.
Como parte de esta ofensiva, Vox ha constituido un grupo de trabajo integrado por la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís; el jefe de la delegación europea, Jorge Buxadé; el director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías; y el vicesecretario de Acción Política, Ignacio de Hoces, con el objetivo de coordinar las actuaciones relacionadas con este asunto.
