Anticorrupción investiga contratos de Defensa por más de 6.000 millones de euros

La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades en contratos del Ministerio de Defensa por más de 6.000 millones de euros que habrían beneficiado a Indra y a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la compañía de los hermanos Ángel y Javier Escribano. Las diligencias, abiertas en enero de 2026, buscan esclarecer las condiciones en las que se adjudicaron distintos programas militares y se concedieron préstamos públicos destinados a financiar la modernización de las Fuerzas Armadas.

Según una investigación publicada por El Independiente, las pesquisas comenzaron después de que un particular presentara una denuncia en diciembre de 2025. El escrito advertía de una posible concentración de contratos públicos en ambas empresas desde 2020 y señalaba indicios de presuntos delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.

La denuncia sostiene que las adjudicaciones investigadas no constituirían hechos aislados, sino que podrían responder a un patrón continuado de contratación pública favorable a Indra y EM&E. En concreto, unos 6.077 millones de euros, aproximadamente el 84% de los fondos del plan industrial de Defensa analizados, habrían terminado en estas compañías o en consorcios empresariales vinculados a ellas.

El crecimiento de Escribano y su relación con Indra

Uno de los elementos recogidos en la denuncia es la evolución económica de Escribano Mechanical & Engineering. La compañía pasó de facturar 44,2 millones de euros en 2019 a alcanzar los 355 millones en 2024. Paralelamente, su contratación pública aumentó desde menos de diez millones acumulados entre 2018 y 2019 hasta superar los 700 millones de euros entre 2020 y 2025, según los análisis privados citados por el denunciante.

El escrito también relaciona esta expansión con la entrada de EM&E en el accionariado de Indra, donde llegó a controlar el 14,3% del capital, y con el nombramiento de Ángel Escribano como presidente ejecutivo de la tecnológica en enero de 2025.

La denuncia considera que esta situación pudo generar un conflicto de intereses por la participación simultánea de Escribano en la dirección de Indra y en una empresa beneficiaria de contratos relacionados con la actividad de la tecnológica.

Contratos militares millonarios bajo investigación

Entre las adjudicaciones examinadas figura el programa de vehículos de combate 8×8, valorado en aproximadamente 2.100 millones de euros y adjudicado en agosto de 2020 a TESS Defence, un consorcio integrado por Indra, EM&E, Santa Bárbara Sistemas y SAPA.

También aparece el programa SILAM, destinado al desarrollo de un sistema lanzacohetes de alta movilidad. Este contrato fue adjudicado en diciembre de 2023 por 576 millones de euros a una unión temporal de empresas formada por Escribano y Rheinmetall Expal, aunque terminó siendo anulado en septiembre de 2025.

La denuncia cuestiona especialmente los procedimientos utilizados para realizar algunas de estas adjudicaciones. Según el escrito, numerosos contratos se tramitaron mediante procedimientos negociados sin publicidad o con una competencia limitada, recurriendo a excepciones contempladas en la normativa europea por razones de seguridad nacional.

Estas excepciones permiten restringir los procedimientos ordinarios de contratación cuando están comprometidos intereses esenciales de seguridad. Sin embargo, el denunciante sostiene que su utilización pudo convertirse en una práctica habitual y que determinados expedientes carecerían de una justificación técnica pública suficiente para excluir a otros posibles competidores.

Préstamos públicos al 0% de interés

Otro de los aspectos investigados es la financiación pública de los programas militares. En octubre de 2025, el Ministerio de Industria aprobó tres reales decretos que movilizaron 6.890 millones de euros en préstamos destinados a 18 proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas.

Según los cálculos incluidos en la denuncia, 6.515 millones de euros, equivalentes al 94,5% de los fondos aprobados mediante esos decretos, fueron asignados a Indra, sus filiales o consorcios empresariales en los que participaba.

De esa cantidad, aproximadamente 2.000 millones correspondieron directamente a Indra, mientras que otros 178 millones fueron destinados a su filial AERTEC. Las uniones temporales de empresas integradas por Indra y Escribano recibieron 3.169 millones para cuatro programas, entre ellos dos grandes proyectos de artillería autopropulsada que sumaban 3.002 millones.

Además, TESS Defence recibió 788 millones y una alianza empresarial entre Indra y Telefónica obtuvo otros 380 millones. Frente a estas cantidades, compañías como Santa Bárbara Sistemas, UROVESA y la unión temporal Cipherbit-Epicom concentraron una parte considerablemente menor de los fondos.

Las condiciones financieras de los préstamos también forman parte de las cuestiones examinadas. Los créditos públicos fueron concedidos con un tipo de interés del 0% y, con carácter general, sin exigir avales ni garantías patrimoniales a las empresas beneficiarias.

Los decretos permitían igualmente recibir determinados anticipos antes de formalizar los contratos definitivos con Defensa. Además, el calendario de devolución de los préstamos quedaba vinculado a los pagos que el propio Ministerio de Defensa realizara a las compañías adjudicatarias.

Estas condiciones llevaron a Santa Bárbara Sistemas a recurrir los reales decretos ante el Tribunal Supremo, que admitió a trámite la impugnación en enero de 2026.

Anticorrupción solicita nuevos informes

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción acordó abrir diligencias de investigación y encargó a la Intervención General del Estado un análisis sobre la regularidad de los expedientes de contratación y financiación cuestionados.

El primer informe fue entregado en abril de 2026. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó un segundo documento más exhaustivo para profundizar en las circunstancias de las adjudicaciones y en los mecanismos utilizados para distribuir los fondos públicos.

Durante la investigación, Anticorrupción trasladó los hechos al Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, que mantiene abierta una causa relacionada con la venta de respiradores al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria durante la pandemia.

En ese procedimiento se investiga una operación de suministro de 5.000 respiradores en 2020, por la que se presentó una querella contra los hermanos Escribano, su compañía y el entonces responsable del organismo sanitario, Alfonso Jiménez. La querella atribuye a la operación un presunto sobreprecio de aproximadamente 27,4 millones de euros.

Sin embargo, el magistrado consideró que las denuncias relativas a los contratos militares no guardaban una relación suficiente con los hechos investigados en aquella causa y decidió no incorporarlas al procedimiento judicial.

Como consecuencia, las actuaciones sobre las adjudicaciones de Defensa regresaron a la Fiscalía Anticorrupción, que continúa examinando la documentación disponible.

La investigación sigue abierta y todavía debe determinarse si existieron irregularidades constitutivas de delito en la adjudicación de los contratos militares o en la concesión de los préstamos públicos. Por el momento, las sospechas recogidas en la denuncia no suponen que se haya acreditado responsabilidad penal por parte de las empresas o personas mencionadas.

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