El Tribunal Supremo ha iniciado este martes el juicio al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
Ábalos y Koldo, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, han sido trasladados en furgón policial desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), mientras que Aldama, el único de los tres en libertad, ha llegado al alto tribunal a pie junto a su abogado.
Los tres acusados declararán al final del juicio, previsiblemente el próximo 28 de abril. Para el primer día están previstos como testigos un hijo de Ábalos, un hermano de Koldo, varios socios de Aldama o una expareja del exministro, Jéssica Rodríguez.
El exministro, su exasesor y Aldama tienen por delante trece días de juicio, repartidos en cuatro semanas hasta finales de abril, y han sido ubicados dentro del Salón de Plenos, donde ya se celebró el juicio del ‘procés’, una fila detrás de sus respectivos abogados.
Ábalos y Koldo, que en sus escritos de defensa dicen no haber cometido ningún delito, se han sentado juntos y escoltados por policías que les separan de Aldama en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía Anticorrupción considera que los tres acusados convinieron aprovecharse del cargo del entonces ministro para favorecer contrataciones públicas a cambio de beneficios económicos. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, sostiene que se unieron para favorecer la contratación con la Administración en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, mediante empresas cuyos intereses captaría el empresario.
Anticorrupción remarca que la presunta organización tenía vocación de permanencia y operó durante varios años, proyectando su actuación en distintas esferas ilícitas hasta debilitarse tras la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio en julio de 2021.
Para la Fiscalía, la cohesión entre los acusados se manifestó tanto en la comisión de delitos como en la facilitación a Aldama de una interlocución privilegiada con Transportes y otras administraciones públicas.
El Ministerio Público solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, además de multas millonarias, mientras que para Aldama pide 7 años de prisión, aplicando la atenuante de confesión.
Por su parte, las acusaciones populares encabezadas por el PP reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, manteniendo para el empresario la misma petición que la Fiscalía.
Según el relato fiscal, cada acusado desempeñó un papel concreto dentro de la organización. Ábalos aportaba la autoridad del cargo, Koldo actuaba como su hombre de confianza y ejecutor, y Aldama se encargaba de canalizar intereses empresariales ante la Administración.
La Fiscalía describe a Koldo García como el ‘alter ego’ de Ábalos y a este último como el ‘jefe’ de la presunta trama, destacando que gestionaba fuentes de dinero en efectivo y actuaba como intermediario en múltiples operaciones.
En cuanto a Aldama, Anticorrupción subraya su acceso preferente al exministro, lo que le habría permitido conocer necesidades de compra de material sanitario durante la pandemia y canalizar contratos en distintas administraciones.
El fiscal sostiene que el empresario localizaba empresas interesadas en contratar con la Administración y articulaba sus intereses para favorecerlas a cambio de contraprestaciones económicas, de las que también participaban Ábalos y Koldo.
Entre esas contraprestaciones figuran pagos mensuales de 10.000 euros, alquileres de viviendas y otros beneficios personales, algunos de ellos sufragados por empresas públicas.
Hasta el próximo 30 de abril, más de 70 testigos declararán ante el tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta. Entre ellos se encuentran responsables políticos como el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que declararán por escrito.
