La crisis migratoria de Ceuta continúa generando novedades políticas y judiciales. El Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, después de una denuncia presentada por Manos Limpias, a la que se ha sumado Hazte Oír, para esclarecer si tuvo conocimiento a través del CNI de posibles movimientos de migrantes hacia la frontera y no adoptó medidas para evitar la entrada masiva.
La denuncia atribuye al delegado del Gobierno una posible prevaricación omisiva en su modalidad de imprudencia grave. Hazte Oír, por su parte, ha presentado una querella y ha solicitado personarse en el procedimiento abierto para investigar la actuación de Pérez durante los acontecimientos registrados a finales de julio. La apertura de diligencias busca determinar qué información recibió la Delegación del Gobierno antes de la entrada masiva y cuál fue su respuesta ante esos avisos.
En paralelo, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, se ha reunido de urgencia con el responsable de los agentes que elaboraron el informe remitido a la Audiencia Nacional sobre los sucesos de Ceuta. El encuentro se produce después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitara información sobre el documento elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras.
Las informaciones conocidas sobre ese documento apuntaban a una posible intervención de gendarmes marroquíes en los movimientos que desembocaron en la entrada masiva de personas a través de la frontera. Sin embargo, el director general de la Policía ha comunicado posteriormente a Marlaska que no existe ningún informe policial que atribuya a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos la planificación o ejecución de lo ocurrido los días 30 y 31 de julio. Las distintas interpretaciones sobre el contenido del informe policial han situado la actuación de Marruecos en el centro del debate político.
Desde el Gobierno se ha pedido prudencia a la espera de disponer de toda la información. La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha defendido la transparencia del Ejecutivo y ha reclamado máximo rigor antes de extraer conclusiones. El Ministerio de Exteriores también ha precisado que las referencias de José Manuel Albares a redes rusas estaban relacionadas con la instrumentalización y difusión de desinformación sobre la crisis, y no con su origen.
La oposición ha aumentado entretanto la presión sobre el Ejecutivo. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desplazado a Ceuta con motivo del Día de la ciudad autónoma, ha reclamado explicaciones a Marruecos y ha pedido convocar a la embajadora marroquí en España, así como llamar a consultas al embajador español en Rabat. Feijóo también ha reclamado elecciones generales y ha acusado al Gobierno de no haber explicado suficientemente la información de la que disponía antes de la crisis.
Las discrepancias también han llegado al espacio gubernamental. Sumar ha incrementado sus críticas a la gestión de la crisis y desde IU se ha planteado la dimisión de Fernando Grande-Marlaska en caso de demostrarse que el ministro conocía previamente determinada información policial. La situación de Ceuta ha abierto así diferencias entre PSOE y Sumar sobre la respuesta del Gobierno y el papel que pudo desempeñar Marruecos.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, ha reclamado conocer toda la verdad sobre lo sucedido y ha defendido que la integridad territorial española debe ser considerada “intocable”. Durante los actos del Día de Ceuta, Vivas ha advertido de la gravedad de la situación que atraviesa la ciudad y ha pedido reforzar la presencia del Estado mediante servicios, viviendas, infraestructuras y equipamientos.
La crisis continúa teniendo además una importante dimensión humanitaria. El Gobierno ha informado de que existen 1.612 menores no acompañados identificados en Ceuta, de los cuales 1.122 han sido registrados desde el 31 de julio. Los servicios sanitarios también han afrontado una elevada presión: durante el primer mes de crisis realizaron 10.725 asistencias a migrantes, con una media aproximada de 331 atenciones diarias entre Atención Primaria y el Hospital Universitario de Ceuta.
La tensión permanece igualmente en algunos puntos de acogida. La Policía Nacional ha tenido que intervenir en el entorno de Loma Colmenar ante intentos de grupos de migrantes de acceder al recinto, mientras cientos de personas permanecían en las inmediaciones esperando una plaza. Al mismo tiempo, durante el Día de Ceuta se han celebrado diferentes actos y concentraciones para expresar apoyo a la ciudad autónoma.
La evolución de las investigaciones judiciales y policiales será clave para esclarecer qué ocurrió antes y durante la entrada masiva de finales de julio y qué información manejaban las distintas administraciones. Mientras continúan las investigaciones, el debate político se centra en la gestión del Gobierno, la actuación de Marruecos y las medidas necesarias para recuperar la normalidad en Ceuta.
