La noticia de que el CIS continúa encuestando en estos días está suscitando algunos debates y bastantes críticas. Sin embargo, no hay nada raro en esa práctica, puesto que, aunque legalmente no está permitido difundir encuestas sobre las autonómicas madrileñas desde la medianoche de ayer hasta las 20:00 horas del 4 de mayo, nada impide a los institutos de opinión continuar recabando datos durante estos días, o servirlos a clientes particulares siempre que no se publiquen.
La prohibición, por lo tanto, no alcanza a hacer preguntas, sino a la difusión de los resultados de esas preguntas.
Así que el debate no puede ser si el CIS debe preguntar o no, sino con qué derecho un instituto público no facilita a la sociedad la información de que dispone. Y es que “poder encuestar pero no publicar”, implica, en la práctica, que solo quien se pague encuestas privadas podrá estar informado en estos días de la evolución de los acontecimientos. Y, también, que quien maneje los resortes de una encuestadora pública, puede hacer exactamente lo mismo.
Paralelamente a esta situación es bien sabido que los partidos políticos, sufragados con fondos públicos, mantienen durante estos días su maquinaria a pleno rendimiento, pagando de “su” bolsillo las encuestas privadas que les indican por dónde van los electores. Se produce así una divergencia entre la información de que disponen los partidos, con capacidad de mandar mensajes de fin de campaña adaptados a ella, y la que tienen los electores, que, salvo que se molesten en rebuscar entre las frutas, quedan en una clara inferioridad.
En este contexto, el CIS asegura que sigue con su labor técnica durante estos días, recabando datos y tratándolos. Nada diferente, por otro lado, de lo que hacen las encuestadoras privadas. El problema, en el caso del CIS, es que se nutre directamente de los Presupuestos Generales del Estado, y, por su vinculación con el gobierno, existe la sospecha de que sus datos se puedan trasladar, “gratis”, al ejecutivo y a los partidos que en él están representados. Así que los partidos, y por supuesto el Gobierno, manejan una información que no llega a la ciudadanía, y lo hacen gracias a unos fondos que les aporta esta con sus impuestos. Así estamos, todo el mundo reconoce que se trata de algo absurdo, pero nadie mueve un dedo para cambiarlo desde hace ya demasiados años.
De cualquier forma, en EM seguiremos en estos días recabando datos e intentando que, sin vulnerar el texto literal de la ley, se respete a la vez el derecho de todos los ciudadanos a un acceso igualitario a la información, tal y como establece el artículo 20 de la Constitución (en relación con el 14, etc, etc, etc…).
La prohibición solo favorece a quien se puede pagar encuestas o a quien tiene subordinados que puedan facilitárselas. Mientras la ley esté como está, no queda otra alternativa que respetarla, pero eso no impide su crítica, así como el uso de fórmulas inteligentes para que la información no fluya hacia unos pocos sino hacia todos. En tiempos de globalización, por suerte, no tiene sentido limitar la publicación de encuestas en un país determinado, porque cualquier persona, con una simple conexión a internet, puede acceder a datos que se publiquen en webs de cualquier otro lugar del mundo. Además, disponiendo de redes sociales de gran penetración en el interior, hay mil maneras de compartir información por la infinidades de vías informales que existen, y no hay forma material de impedir eso. La prohibición es, por tanto, además de absurda e injusta, inútil.
El derecho a la información es patrimonio de todos, no de unos pocos, y mucho menos si esos pocos (partidos, gobiernos) se informan gracias a los recursos que les aportan los ciudadanos. Ciudadanos a los que, luego, impiden acceder a los datos.
