Adelante carga por la política de vivienda

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García ha advertido de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “va a ser un Gobierno fallido si no arregla el problema de la vivienda”, algo que, según ha sostenido, “no va a arreglar”.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press coincidiendo con la publicación de una nueva edición del Barómetro Andaluz elaborado por la Fundación pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias. El estudio sitúa el acceso y el precio de la vivienda como el principal problema tanto en Andalucía como en el conjunto de España, por delante de cuestiones como la sanidad o el desempleo.

Paralelamente, el Gobierno acordó esta semana aplazar hasta septiembre la aprobación del real decreto de vivienda que tenía previsto impulsar en el Consejo de Ministros con el objetivo de seguir negociando un acuerdo con las fuerzas parlamentarias.

Preguntado por las políticas de vivienda desarrolladas por PSOE y PP en las distintas administraciones, José Ignacio García ha afirmado que el PP gobierna “para los fondos de inversión” y que el Ejecutivo del PSOE “es incapaz de hacer otra cosa diferente” para solucionar el problema de la vivienda.

El portavoz de Adelante Andalucía ha planteado la necesidad de definir cuál debe ser la función principal de una vivienda y ha defendido que debe servir, ante todo, para que vivan las personas y no como instrumento para obtener beneficios económicos.

“Y ya después, cuando hayamos garantizado que viva la gente, entonces valoramos y vemos cómo y cuánto se puede hacer negocio con la vivienda”, ha señalado, considerando que esa es la línea que debe marcar el debate sobre las políticas de vivienda.

En este sentido, ha sostenido que tanto el PP como el PSOE “se colocan en el lado de seguir permitiendo que se pueda hacer negocio con la vivienda”, mientras que Adelante Andalucía apuesta por priorizar el derecho a la vivienda frente al beneficio económico.

Entre las medidas que propone su formación figura regular por ley el precio del alquiler, al considerar que el sistema de zonas tensionadas previsto en la legislación estatal “se ha demostrado inútil” y “no ha funcionado”.

Asimismo, ha explicado que Adelante Andalucía plantea vincular el precio máximo del alquiler a la renta media de cada distrito o municipio. Según ha argumentado, si organismos internacionales consideran que el gasto destinado a vivienda no debería superar un determinado porcentaje de los ingresos familiares, ese criterio debería trasladarse al mercado del alquiler.

Otra de las propuestas defendidas por José Ignacio García consiste en que las viviendas vacías propiedad de bancos y fondos de inversión se incorporen al mercado del alquiler accesible, aclarando que dicha medida no afectaría a las segundas residencias de particulares.

Además, ha reclamado una reforma del actual modelo de viviendas de protección oficial, al considerar que no está ofreciendo una respuesta eficaz para amplios sectores de la población, así como un incremento del parque público de vivienda.

El portavoz de Adelante ha asegurado que todas estas iniciativas pueden impulsarse desde las administraciones públicas si existe voluntad política y si se prioriza el derecho a la vivienda por encima de los intereses económicos.

En ese contexto, ha defendido que un Gobierno de izquierdas no puede limitarse a mantenerse en el poder con el argumento de que la alternativa sería peor, sino que debe ofrecer soluciones reales en materias como la vivienda, la sanidad pública, los derechos laborales o la universidad pública.

A su juicio, si la izquierda no responde a esas demandas sociales, se favorece el crecimiento de la extrema derecha, motivo por el que ha reivindicado el proyecto político de Adelante Andalucía como una izquierda “nueva” y “diferente”.

En relación con el papel de los ayuntamientos, José Ignacio García ha criticado la gestión de los consistorios gobernados por el PP, acusándolos de favorecer a los fondos de inversión y a grandes capitales extranjeros en materia de vivienda.

También ha cuestionado la posición de Vox respecto a este asunto, asegurando que el partido no mantiene el mismo discurso cuando se trata de inversiones procedentes del extranjero en el mercado inmobiliario. En ese sentido, ha reiterado que la prioridad debe ser garantizar el acceso a la vivienda de los ciudadanos.

Finalmente, ha defendido que los ayuntamientos deben destinar más recursos a construir vivienda pública, reforzar el sistema de viviendas protegidas y garantizar el derecho a la vivienda por encima de los intereses especulativos.