En una conferencia de prensa desde México, durante su visita al país latinoamericano, el presidente argentino, Alberto Fernández, ha dado explicaciones sobre el caso de las personalidades cercanas al gobierno que fueron vacunadas en secreto, pasando por encima de la población de riesgo.
“He conocido que, en circunstancias irregulares, se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas. Un dato o un concepto a revisar, porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse“, ha explicado el presidente.
También hizo referencia a la responsabilidad de los fiscales denunciantes de estos privilegios del poder: “Lamento que algunos lo hayan hecho y ya hablé con mi conducta, y lo que le pido a algunos fiscales es que hagan el esfuerzo de volver a releer el Código Penal. No sé quién los aprobó ni en qué universidad aprobaron, pero ya hicieron demasiadas sinvergüenzadas para que sigan haciéndolas. Claramente, cuando yo tomé nota de lo que había pasado, reaccioné y perdí a un ministro que en cuyo ministerio pasaron estas cosas o bajo su dependencia pasaron estas cosas”
En concreto, ha manifestado que “No hay ningún tipo penal en Argentina que diga: será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila, no existe ese delito y no se pueden construir delitos graciosamente”, dijo respecto al Art. 174 del Código Penal de Argentina que hace referencia al “que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública” y este es el caso donde se produjo la irregularidad.
Fernández intentó matizar el tema reconociendo: “El hecho, sin duda, es un hecho reprobable, porque nadie puede avalar que en las circunstancias que vivimos alguien tenga la posibilidad de adelantarse en la vacunación, pero les pido que sean estrictos con la lectura de esas listas, porque en esas listas aparece también personas que deben vacunarse por las características de la acción que desarrollan”.
El presidente argentino no hizo referencia sobre los casos de vacunados en forma ilegal, que no tenían derecho a hacerlo como el del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, ligado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que recibió la primera dosis junto a su esposa y fue categorizado como “personal de salud”, sin serlo, según registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, SISA.
