El presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, ha presentado una demanda de conciliación en la que reclama 250.000 euros a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por llamarle “presunto delincuente” y decir que está “convencida” de que “va a volver a la cárcel”.
De Aldama pretende además que Montero “se retracte públicamente” de las “manifestaciones injuriosas” que hizo en el programa ‘Lo de Évole’ el pasado 16 de marzo y “en la misma forma en la que estas fueron difundidos”.
Así consta en la demanda de conciliación –que ha sido presentada el martes en los juzgados de Madrid y a la que ha tenido acceso Europa Press– en la que el empresario avisa de que, en caso de no llegar a un acuerdo en un acto de conciliación, presentará una “querella por la presunta comisión de un delito de injurias con publicidad” contra Montero.
De Aldama afea a la vicepresidenta primera que le atribuyese “de manera directa” la condición de “delincuente”, aunque lo matizase “irónicamente” con la palabra “presunto”.
También critica que dijese estar convencida de que volvería a la cárcel, “precisamente en el marco del procedimiento judicial donde el Ministerio de Hacienda a su cargo ostenta la condición de parte interesada, en la medida en que manifestó que el mismo tuvo su origen en una investigación realizada por la Agencia Tributaria”.
Se refiere al caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre un presunto fraude de IVA con hidrocarburos en el que De Aldama figura como principal investigado. Es precisamente esta causa por la que el empresario fue detenido en octubre y luego puesto en libertad en noviembre, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, después de que declarara como investigado en otro procedimiento: el denominado ‘caso Koldo’, del que sería el presunto conseguidor, en el que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de material sanitario y de obra pública.
De Aldama considera que Montero “ha incumplido abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado”, que tiene la “obligación” de “respetar” el derecho a la presunción de inocencia. Y reitera que la ministra “emitió a la opinión pública a través de un medio de difusión masiva claros prejuicios de culpabilidad” en su contra.
En el marco del escrito, a cargo de su abogado, el letrado José Antonio Choclán, recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado que “cuando la vulneración de la presunción de inocencia en su dimensión social proviene de los poderes públicos, como aquí ocurre, se lesiona el honor y la reputación de la persona investigada/acusada”.
