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Tremendo y durísimo artículo sobre la chapuza que ha hecho el Tribunal Supremo para defender a sus jefes en Madrid.

Escrito por Manuel Cancio Meliá, Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, destacado académico español en el campo del Derecho Penal y con múltiples doctorados honoris causa por varias universidades extranjeras. Una eminencia en su campo, y el penalista español vivo con mayor número de citas en revistas científicas nacionales e internacionales.

Pues directamente destruye la sentencia y al Tribunal Supremo. Leedlo porque no tiene desperdicio.

Una sentencia inaceptable
No es normal que esos indicios consistan en que el tribunal, entre diversas alternativas posibles, escoja una, la que lleva a la condena, sin más razón que sus convicciones íntimas no explicitadas.

No es normal que los miembros que discrepan afirmen expresamente que la opinión mayoritaria atenta nada más y nada menos contra la presunción de inocencia, que la mayoría diga negro y el voto particular, blanco.

No hay Roma locuta, causa finita en el sistema penal en un Estado de Derecho. Las sentencias no se respetan por quien las dicta, sino por la calidad de su motivación y su sumisión a la Ley. Y la sentencia de la mayoría que ha condenado es inaceptable porque es incomprensible en términos jurídicos: ni hay prueba de cargo razonable ni interpreta en términos razonables la ley penal que aplica.

En cuanto a lo primero: 184 páginas no sirven para disfrazar un enorme vacío probatorio derivado de una instrucción errática y sesgada. tal y como indica el voto particular, se escoge entre muy diversas alternativas posibles precisamente la más inverosímil y artificiosa: que el acusado comunicó en cuatro segundos el contenido de la filtración al periodista que dio la noticia del bulo propagado desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. Una “mera sospecha”, como dice el voto particular, no un “cuadro probatorio” sólido.

Si hay certeza indiciaria de que el periodista mintió y fue el FGE quien le filtró la información protegida, esa certeza debería bastar para pedir el procesamiento de quien mintió. Que no se haya deducido testimonio por falso testimonio es el smoking gun de los hechos: hay que echar tierra sobre el asunto.

Llama aún mucho más la atención que, de pronto, resucite la nota de prensa, esta sí, de autoría reconocida por el FGE, que en la resolución que admitía inicialmente el procesamiento era considerada irrelevante por no desvelar informaciones reservadas. 

Una sentencia inaceptable en Derecho no cierra nada, sino abre una nueva fase de incertidumbre en la que los tribunales de garantías, en Madrid o en Estrasburgo, tendrán que decir si así se puede condenar en Derecho. Y una fase en la que la ciudadanía se preguntará quién designó a quién cuando actúe el Tribunal Supremo en cuestiones de relevancia política. Malo para el Tribunal Supremo, malo para el país.

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Es impresionante que hayan decidido destruir por completo la confianza de los ciudadanos en algo que debería ser impecable, el TS, y que ya abiertamente se destapan sin disimulo como un nido de corruptos que dictan sentencias siguiendo las órdenes de un borracho desde Madrid. Y en este caso, todo para salvar el poder del PP en la Villa y Corte, que para esta gentuza es más importante que nuestra propia democracia y nuestro estado de derecho.