Alemania se dispone a acometer una de las reformas más ambiciosas de su sistema de pensiones en décadas. El Gobierno del canciller Friedrich Merz pretende adaptar el modelo de jubilación al rápido envejecimiento de la población y “reducir la creciente carga que soportarán las generaciones más jóvenes”. Sin embargo, economistas y expertos advierten de que, incluso si las reformas salen adelante, los trabajadores actuales seguirán afrontando durante años un escenario mucho más complicado que el de sus padres.
Un sistema cada vez más difícil de sostener
El origen del problema es demográfico. Alemania cuenta con una de las poblaciones más envejecidas del mundo y una de las tasas de natalidad más bajas de Europa. Según las previsiones, en 2040 habrá unos 13,3 millones de personas mayores de 67 años, una cifra equivalente a casi un tercio de la actual población activa.
El sistema alemán se basa principalmente en un modelo de reparto, en el que las cotizaciones de los trabajadores financian directamente las pensiones de los jubilados. Con cada vez menos trabajadores y más pensionistas, la presión financiera aumenta año tras año, obligando al Estado a destinar crecientes recursos presupuestarios para garantizar el pago de las prestaciones.
Un fondo de capitalización inspirado en Suecia
La principal novedad de la reforma consiste en introducir un segundo pilar basado en la capitalización, siguiendo un modelo similar al sueco.
La propuesta plantea que una parte de las cotizaciones obligatorias de trabajadores y empresas se invierta en los mercados financieros mediante un fondo estatal. El objetivo es obtener mayores rentabilidades a largo plazo y reducir progresivamente la dependencia exclusiva del sistema de reparto.
Además, la comisión de expertos propone vincular la edad legal de jubilación a la esperanza de vida. De mantenerse las tendencias demográficas actuales, la edad ordinaria podría aumentar gradualmente hasta situarse en torno a los 70 años a comienzos de la década de 2090.
Otro de los cambios más polémicos sería la eliminación de la posibilidad de jubilarse anticipadamente a los 63 años tras haber cotizado durante 45 años.
Los jóvenes seguirán soportando buena parte del esfuerzo
Pese al alcance de las medidas, numerosos analistas consideran que los beneficios tardarán décadas en hacerse plenamente visibles.
Durante la transición, el sistema continuará dependiendo en gran medida de las cotizaciones de los trabajadores actuales, que además afrontan un contexto económico menos favorable que generaciones anteriores: salarios reales con menor crecimiento, elevados precios de la vivienda, menor acceso a la propiedad y mayores dificultades para acumular patrimonio.
Los expertos advierten de que esta situación podría ampliar aún más la brecha entre quienes hereden patrimonio familiar y quienes dependan exclusivamente de sus ingresos laborales.
Una reforma con fuerte resistencia política
Las recomendaciones cuentan con el respaldo del canciller Friedrich Merz, que pretende aprobar la reforma antes de finalizar el año. El Gobierno considera que garantizar la sostenibilidad del sistema resulta imprescindible para preservar las finanzas públicas y mantener la competitividad de la economía alemana.
Sin embargo, el proyecto ha despertado una importante oposición. Los sindicatos y parte del Partido Socialdemócrata (SPD) rechazan especialmente el retraso de la edad de jubilación y la desaparición de la jubilación anticipada, al considerar que estas medidas perjudicarían especialmente a los trabajadores con empleos físicamente más exigentes.
Las organizaciones empresariales, por su parte, apoyan en líneas generales la reforma, aunque algunas muestran reservas sobre el incremento de las contribuciones necesarias para financiar el nuevo fondo de capitalización.
