El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a defender este jueves que la Fiscalía Anticorrupción ha exonerado al Ayuntamiento de Madrid y sus responsables sobre cualquier tipo de participación en la trama que investiga contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por presunta estafa. “¿De verdad tengo que dimitir por ser víctima de un delito?”, ha preguntado.
Así se ha manifestado el regidor a las puertas de la iglesia de San Pedro el Viejo antes de participar en la procesión de Jueves Santo de la Hermandad de Jesús Nazareno el Pobre. “¿Por qué, sinceramente, por qué? ¿La Fiscalía ha señalado algún tipo de responsabilidad, algún tipo delictivo? Yo no tengo la costumbre de pedir la dimisión a quien ni siquiera ha sido imputado”, ha requerido ante los medios de comunicación.
“Creo que la Fiscalía ha estado investigando durante 17 meses, con una instrucción de más de 3.000 folios con pruebas en las que la Fiscalía ha exonerado al Ayuntamiento de Madrid y a cualquier responsable, y la oposición ha decidido que aquí el culpable no es el que estafa sino el estafado. La izquierda pretende que dimita aquel que no tiene nada que ver con los hechos. La Fiscalía dice que no tenemos ninguna responsabilidad”, ha apostillado a continuación.
El juez Adolfo Carretero está investigando a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño en el marco de la querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales al Consistorio en la compraventa de material sanitario.
Tal y como ha vuelto a explicar el regidor, la Fiscalía solicita en diciembre de 2020 información sobre el contrato, y ya en 2021 llama a testificar a la responsable de Compras del Consistorio, Elena Collado. “No teníamos más noticia ni información de lo que se estaba investigando, pero sí llamamos a los grupos de la oposición, la persona que fue a testificar llamó a los grupos”, ha señalado.
Además, ha hecho mención a la instrucción de la Fiscalía General del Estado 4/2013, que “indica que en las diligencias previas no se puede comparecer y por tanto no se puede personar”. “No es una cuestión que esté a nuestro libre albedrío. Si estaba a nuestro libre albedrío personarnos nada más abrirse la querella, y lo hicimos”, ha remachado.
