El eurodiputado Luis Pérez Fernández ‘Alvise’ ha reconocido ante el juez que recibió 100.000 euros de un empresario en efectivo en un maletín negro por una «charla», pero ha negado que exista financiación ilegal porque no ha gastado nada de ese dinero en su campaña en las pasadas elecciones europeas.
Alvise ha declarado menos de una hora en el Supremo y ha respondido a las preguntas del magistrado instructor Julián Sánchez Melgar y de su defensa. Tras él, declara el empresario Álvaro Romillo, quien reveló el pago, supuestamente para el partido.
Por una «charla sobre libertad financiera»
Fuentes jurídicas informan de que el eurodiputado ha reconocido ante el magistrado que recibió 100.000 euros por una «charla sobre libertad financiera de unos 30 minutos» y que se lo dieron dos trabajadores de CrytoSpain en sus instalaciones en Madrid.
Lo hicieron, ha explicado, en un maletín negro, en billetes de 50 y 100 euros, en diez fajos de diez mil euros. Tras ello, llevó el dinero a su casa y ha gastado aproximadamente la mitad en gastos personales y profesionales, sin dar más detalles, y ha dicho que la otra mitad sigue a su disposición.
Ahora bien, ha afirmado que no existió financiación ilegal porque no ha gastado nada de ese dinero en su campaña electoral en las pasadas europeas, que le costó poco más de 30.000 euros.
Por eso, ha destacado que los 100.000 euros no constan en las cuentas de Se Acabó la Fiesta (SALF), que antes era una agrupación y ahora es partido político desde hace unos quince días.
Indicios de varios delitos
El alto tribunal abrió causa penal contra Alvise al apreciar indicios de presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental en la exposición razonada por la Audiencia Nacional por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros en metálico para su campaña electoral con el partido Se Acabó la Fiesta.
El Supremo considera que su actuación encajaría en el delito de financiación ilegal de partidos, toda vez que «es de aplicación a los hechos el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en cuanto refieren una conducta sobre elusión de los deberes de contabilidad y control de ingresos de los partidos políticos».
Romillo, investigado también en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest, fue quien denunció al eurodiputado, a quien dijo haber entregado el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, 100.000 euros para su formación.
En su exposición razonada, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera que la conducta de Romillo podría tratarse de una “actividad activa de donación o de aportaciones ilegales”.
