La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha remitido al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional la petición que había registrado la Fundación Villacisneros ante esta institución para que no se celebre la “marcha solidaria” en favor del miembro de ETA Henri Parot convocada por la red ciudadana Sare y el colectivo Elkartasun Eguna en Arrasate (Gipuzkoa) para el próximo 18 de septiembre.
En un comunicado, la Fundación ha dado a conocer este viernes la respuesta que ha recibido por parte de la delegación del Gobierno en Euskadi acerca de su petición. Además de al delegado, Denis Itxaso, también había enviado sendas cartas a la alcaldesa de Mondragón, María Ubarrechena, y al consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, para que, “en uso de las facultades que les confieren las leyes de víctimas, impidan esta nueva humillación a las víctimas del terrorismo”.
A su juicio, es “inconcebible que, en una democracia como la española” las instituciones “asistan impasibles a una marcha de solidaridad con un asesino sanguinario que ha acabado con la vida de 39 personas”.
A su juicio, “si las autoridades no toman la iniciativa para atajar estos actos humillantes, debe ser la sociedad civil quien reclame su actuación”. En todo caso, ha asegurado que lo hará “siempre en defensa de las leyes que amparan la dignidad y el respeto a las víctimas del terrorismo”.
Según la Fundación Villacisneros en la marcha convocada para el 18 de septiembre, de 31 kilómetros, se denunciará “los 31 años que el terrorista lleva en prisión” y los participantes “se irán pasando un testigo para mostrar su apoyo a Parot y denunciar la política penitenciaria”.
A su entender, “resulta indignante que con absoluta normalidad la sociedad vasca asuma indiferente un acto tan vergonzoso y humillante como este”. “Un acto que no solo ofende la memoria de las víctimas del terrorismo, sino que debiera indignar a cualquier persona con un mínimo de dignidad”, ha incidido.
Para la Fundación, “el hecho de que estos actos, que dejan de ser genéricos a favor de los presos, para mostrarse solidarios con el mayor asesino de la banda terrorista, lleva a pensar que algo se está haciendo muy mal por parte de las instituciones vascas”.
“No solo porque no los atajen como es su obligación legal, sino por el hecho de que la sociedad los acepte como si no pasara nada”, ha añadido. Para la Fundación, “está fallando el sistema educativo, pero también la pedagogía que un gobierno democrático debe hacer para, además de evitar su celebración, conseguir que la sociedad los repudie”.
