Argentina: segundo paro general este 9 de mayo

Hoy, con la total adhesión de los gremios de transporte, considerados el núcleo más fuerte para asegurar una alta participación en una huelga, la CGT ejecuta su segundo paro general contra la administración de Javier Milei en apenas cinco meses. La medida de 24 horas, que se realizará sin movilizaciones callejeras, expresa un rechazo al rumbo económico impuesto por el Gobierno, buscando influir en la votación de la Ley Bases y del paquete fiscal en el Senado. Estas iniciativas son de particular preocupación para los sindicatos ya que incluyen una reforma laboral y el reintegro del impuesto a las ganancias.

El impacto previsto de la huelga podría ser el más significativo en dos décadas, una unidad sindical que ni siquiera las administraciones kirchneristas o de Cambiemos habían logrado. Esta confluencia multisectorial recuerda a momentos críticos como la crisis de 2001 o durante el segundo mandato de Carlos Menem. La CGT, junto con dos otras centrales obreras, movimientos sociales, organizaciones de jubilados, y agrupaciones estudiantiles, se une en un frente común contra los ajustes y las reformas de corte libertario. Incluso sindicatos internacionales han expresado su preocupación por el acelerado deterioro de la situación económica y social bajo Milei.

Los organizadores de la protesta anticipan un “paro total”, evocando históricas jornadas de huelga como las vividas el 13 de diciembre de 2001 contra Fernando de la Rúa, o la del 8 de agosto de 1996 contra Carlos Menem. Los reclamos se dividen en generales, como el ajuste económico, la erosión de salarios y jubilaciones, y las repercusiones de la recesión; y sectoriales, como la paralización de la obra pública o la privatización de empresas estatales. El intento gubernamental de reducir la administración pública ha logrado un hito al unir a los gremios estatales de UPCN y ATE, tradicionalmente rivales, en un rechazo común a lo que ven como un desmantelamiento del Estado. Esto se intensificó tras el desafío lanzado por el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien amenazó con descontar el salario a los empleados públicos que adhieran a la huelga.

El paro se produce en un ambiente de alta inflación, aunque con signos de desaceleración, con un gobierno que interviene activamente en las negociaciones salariales y avanza en un ajuste del gasto público que afecta directamente el poder adquisitivo de los beneficios sociales y el salario mínimo, así como las pensiones.

Simultáneamente, el gobierno propone una reforma laboral menos extrema de lo inicialmente propuesto y planea reinstaurar el impuesto a las ganancias para salarios altos, un cambio que afectaría a empleados de sectores como bancos, petróleo y transporte. Curiosamente, Milei había votado en contra de este impuesto como diputado, pero ahora, enfrentado a la necesidad de aumentar la recaudación provincial y asegurar el apoyo a la Ley Bases, que ya pasó la Cámara de Diputados y se encuentra en debate en el Senado, recurre a este impuesto como una solución fiscal.