Ayuso censura que se le intente utilizar para “debilitar y eclipsar” a Feijóo

Veamos que dice en la propia sentencia el voto particular formulado por “LAS EXMAS. SRAS. DÑA. SUSANA POLO GARCÍA y DÑA. ANA FERRER GARCÍA”:

III.7. Ninguno de los indicios mencionados en la sentencia mayoritaria

tiene suficiente fuerza acreditativa. La sentencia mayoritaria apunta, con

contundencia, al borrado de datos telemáticos llevado a cabo por el Fiscal

General del Estado, sin tener en cuenta sus manifestaciones exculpatorias, lo

que entendemos vulnera el derecho que a toda persona acusada en un proceso

le asiste a no autoinculparse; a no colaborar con la acusación, sin sufrir por ello

consecuencias negativas, núcleo esencial del derecho a un proceso equitativo,

al derecho de defensa y a la garantía de presunción de inocencia. El silencio o

la equivalente falta de contribución a conformar un material probatorio que se

interpreta de cargo carece de idoneidad para integrar indicio inculpatorio.

Aunque, no lo menciona expresamente, la sentencia mayoritaria parece

hacerse eco, implícitamente, de la llamada “doctrina Murray”, plasmada en el

auto de Sala de fecha de 29 de julio de 2025 – Sentencia del TEDH de 8 de

febrero de 1996 (caso Murray contra el Reino Unido ) – que establece que si bien

el silencio no puede ser considerado en sí mismo como un indicio de

culpabilidad, cuando los cargos de la acusación- corroborados por una sólida

base probatoria- estén suficientemente acreditados, el Tribunal puede valorar la

actitud silenciosa del acusado, señalando que ” El Tribunal nacional no puede

concluir la culpabilidad del acusado simplemente porque éste opte por guardar

silencio. Es solamente cuando las pruebas de cargo requieren una explicación,

que el acusado debería ser capaz de dar, cuando la ausencia de explicación

puede permitir concluir, por un simple razonamiento de sentido común, que no

existe ninguna explicación posible y que el acusado es culpable”.

Pero la citada doctrina no es aplicable en el presente caso. No solo

porque abstracción hecha del aludido borrado que entendemos nada aporta, no

existe base probatoria mínimamente sólida que permita atribuir al Sr. García

Ortiz la filtración del correo de 2 de febrero, concretada además en un momento

en que su contenido era conocido; sino también porque el Fiscal General del

Estado ha dado una explicación plausible al borrado de datos llevada a cabo por

el mismo, que aporta un elevado nivel de verosimilitud a la hipótesis probatoria

contraria a la que la sentencia mayoritaria mantiene.

III.8. En el supuesto, el análisis racional de los indicios apuntados en la

sentencia mayoritaria, permite alcanzar alguna conclusión alternativa

perfectamente razonable, que el correo de 2 de febrero al que habían tenido

acceso numerosas personas, entre ellas, inicialmente, el Fiscal Sr. Salto, la

Fiscal Jefa de Delitos Económicos Dña. Virna Alonso, veinte personas entre

fiscales y funcionarios de la Fiscalía de Delitos Económicos donde llegó el

correo -al que tenían accesibilidad 12 fiscales y cuatro funcionarios, acreditado

documentalmente-, o incluso el Abogado del Estado al que el Sr. Neira le envió

personalmente el correo -que no consta que fuera el llamado a intervenir en las

actuaciones, sino un conocido del letrado según el mismo explico- así como,

posteriormente, cuando el asunto fue judicializado, o cuando la noche del 13 de

marzo se obtuvieron los correos y tuvieron acceso a ellos todos los

intervinientes, permite concluir que cualquier persona pudo filtrar a la prensa el

correo del día 2 de marzo de 2024, al igual como ocurrió con el expediente

tributario y la denuncia, documentos que también fueron filtrados con

anterioridad a que el Fiscal General tuviera interés en el asunto, por las noticias

de prensa y llamadas de periodistas, ni conocimiento del mismo.

Se achaca al Fiscal General del Estado no haber dado curso a una

auditoría que permitiera detectar el foco de la filtración del mencionado correo

de 2 de febrero. Independientemente de la información que suministró en el acto

del juicio el delegado de protección de datos de la Fiscalía, Sr. Hidalgo,

descartando que ello supusiera una brecha de seguridad relevante, lo cierto y

verdad es que no se adoptó tal medida por parte de la Fiscalía General, pero

tampoco por las otras fiscalías implicadas, ni la de la Comunidad ni la Provincial,

pese a que en el ámbito de una y de otra se había tenido posibilidad de acceso

a esa documentación. Tal iniciativa pudiera en teoría contar con potencialidad

esclarecedora, ahora bien, no necesariamente. La experiencia revela que las

actuaciones acometidas en tal sentido en el ámbito de los órganos de la

administración de justicia en los casos en los que se producen filtraciones de

distinta índole, no suelen arrojar resultado. Probabilidades de éxito que se

desvanecen aún más en este caso dado el número de personas con acceso a

esa documentación, en los términos que acabamos de explicar, alguna, incluso

extraña al entorno de la Fiscalía, y todavía más, teniendo en cuenta que el

correo de 2 de febrero fue impreso y circuló en papel, pues en este formato se

colocó en la mesa del Fiscal Sr. Salto, y así dijo haberlo recibido el periodista

Sr. Precedo, lo que disminuía sobremanera las posibilidades de obtener un

resultado positivo.

III.9. Conclusión que se ve reforzada por el análisis de la prueba testifical

de descargo anteriormente analizada, consistente en el testimonio de los

periodistas que hemos relacionado, que niegan, rotundamente, que la filtración

proviniera del Fiscal General del Estado, incluso alguno apunta que se trataba

de fuentes de la Fiscalía de Madrid, los cuales conocían con anterioridad a que

lo hiciera el Fiscal General el correo de 2 de febrero de 2024, prueba directa de

los periodistas que desdibuja totalmente la prueba de indicios, .

En definitiva, entendemos, que no ha quedado acreditado que el Fiscal

General del Estado sea el autor de la filtración del correo de fecha 2 de febrero

de 2024 a la Cadena Ser “con intervención directa, o a través de un tercero,

pero con pleno conocimiento y aceptación” -según el relato de hechos probados

mayoritario-, cuya participación se afirma categóricamente pese a indicar que la

filtración proviene de la Fiscalía General del Estado, no se describe, ni cómo, ni

dónde, ni a través de que medios tiene lugar es llamada “intervención directa”,

y menos su conocimiento y colaboración con tercero.

Tampoco se relata, expresamente, como el Fiscal General del Estado

pudo promover, realizar, ejecutar o llevar a efecto la acción delictiva, según el

relato, con amplio abanico de autoría directa o indirecta, mediata o inmediata; o

como pudo transmitir personalmente la información, o a través de que personas,

o a quienes dio su aceptación para llevarlo a cabo, todo ello, obviamente,

cercena las posibilidades de defensa.

Por todo lo anterior, entendemos que las conclusiones alcanzadas

implican una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ya que la

inferencia resulta muy abierta, pues caben conclusiones alternativas, aunque no
se den por probadas.