El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha respondido a las críticas de la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, a la propuesta de UP que reclama penas de cárcel para directivos de banca que trasladen el nuevo impuesto temporal a los clientes. La “provocación”, según el diputado, es de los bancos y le ha retado a montar un partido si quiere legislar.
Dancausa afirmaba este jueves, tras conocer las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que es “una provocación a la que es mejor no contestar”. En este sentido, Echenique ha enfatizado que lo que es una “provocación es que los bancos estén amenazando con repercutir a los precios finales una subida impositiva”.
En una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, Echenique ha advertido que esto iría en contra de la Constitución Española, a la par que ha recalcado que no pueden estar por encima de la ley en este sentido por “muchos privilegios que tengan”.
Además, ha señalado que las leyes se hacen en la sede de la soberanía popular: “Si ella quiere legislar pues que monte un partido y se presente a las elecciones. De momento, que yo sepa, Bankinter no tiene diputados en el Congreso”.
Por ello, ha avisado a la consejera de Bankinter que tendrá que ajustarse a la legalidad como cualquier ciudadano. “Habría que saber cuánto dinero gana”, ha apuntado.
PROPUESTA UP
Unidas Podemos ha remitido al PSOE su propuesta para crear un nuevo delito fiscal para las eléctricas y entidades financieras que repercutan subidas de impuestos a los consumidores, que contempla penas de hasta diez años de prisión para los directivos que incurran en esta práctica.
Concretamente, la formación estipula un nuevo artículo, el 284 bis del Código Penal, que estipula un castigo de uno a cinco años de prisión, y una multa de 12 a 24 meses, para los administradores de grandes compañías de servicios y bienes de primera necesidad, que alteren precios de venta a los clientes para trasladar la carga de modificaciones tributarias que afecten a su actividad económica.
Es más, incluye un agravante para el caso de entidades que operen en sectores estratégicos de la economía nacional y cuando la conducta afecte “gravemente” al interés general, que eleva la pena de prisión de dos a diez años, al igual que la multa económica, que sube de dos a cinco años.
Echenique ha señalado que todavía no han recibido una respuesta del Gobierno: “Entendemos que la están todavía estudiando”, ha añadido, a la par que ha hecho hincapié en que sería un delito similar al de manipulación de precios que ya existe en el Código Penal.
