Belarra, líder de Podemos, ironiza que le gusta el “Sánchez electoral”

El artículo de Juliana de hoy, bastante en la línea del de ayer: Ilegalizar Partidos

https://www.lavanguardia.com/politica/20230520/8980996/ilegalizar-partidos.html

“La economía se ha evaporado misteriosamente del debate político español. Hace unos meses, el grito de “¡recesión a la vista!” llegó a ser casi atronador. Se vaticinaba un desplome. Cuando las cosas van mejor el debate se desvanece. Otro tanto ocurre con la inflación y los precios de la energía. Recordemos que a finales de agosto del 2022, meses después de inicio de la guerra de Ucrania, el gas metano llegó a cotizar a 340 euros Mgw/hora en el mercado de futuros holandés (TTF). Esta semana cotizaba a 29 euros. Por primera vez en dos años, el precio del gas se halla por debajo de los 30 euros. También el debate sobre los precios de la energía se ha evaporado. De la inmigración irregular no se habla desde hace meses. Ni siquiera se habló de la inmigración en la última moción de censura presentada por Vox. Los designios de las campañas electorales son inescrutables, incluso para los más documentados politólogos. Si hacemos caso a la olla exprés de Madrid, el problema de España ahora es ETA, once años después de su disolución.

Las elecciones municipales y autonómicas no son fáciles de encajar en un único relato puesto que forman un extraordinario mosaico. En cada pueblo y en cada ciudad se discute sobre los respectivos problemas locales. En las ciudades grandes, el debate local puede alcanzar una proyección política notable y los ciudadanos lo saben. En las grandes ciudades, la lucha por la alcaldía adquiere significado nacional. En las campañas autonómicas se discute sobre los asuntos concretos en un marco político más amplio. En esas campañas pesa mucho todo lo relacionado con la buena reputación de la comunidad, puesto que el sistema autonómico está formado por diecisiete orgullos que entrechocan constantemente entre sí. No es fácil organizar un marco narrativo común para unas elecciones municipales y autonómicas.

En esta ocasión, el PSOE ha querido hablar de cosas concretas, muy atento a jóvenes y ancianos, dando mucha autonomía a sus candidatos territoriales. Ha optado por una campaña tranquila y la tranquilidad quizás sea hoy un bien literalmente inexistente en el mercado de los desasosiegos sociales. En una situación general caracterizada por el incremento de las tensiones y la inseguridad crónica, la apelación a una política tranquila puede ser de una gran ingenuidad, acudiendo al debate con mandíbula de cristal. Algo de eso ha sucedido durante esta última semana.

Sin bazas ganadoras en el debate económico o energético, sin cifras que permitan excitar el recurrente temor a la inmigración descontrolada, el Partido Popular ha creido encontrar una oportunidad de oro con la inclusión de ex militantes de ETA que han cumplido condena por delitos de sangre, en algunas listas locales de la coalición HB Bildu. La asociación de víctimas del terrorismo Covite efectuó la indagación y el PP le ha dado la máxima proyección pública posible, poniendo el foco en los acuerdos parlamentarios del PSOE con Bildu. 

Cuando los materiales se calientan, llega un momento en que experimentan cambios cualitativos. Con los debates políticos ocurre lo mismo. La agitación sobre las listas de Bildu ha mutado, en el interior de la olla exprés de Madrid, en la propuesta de proceder a la ilegalización de la coalición Bildu, once años después de la desaparición de ETA. Es un punto programático de Vox que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho suyo, en busca de una victoria aplastante el día 28 de mayo, que le garantice un papel preeminente en el bloque de la derecha española.

Hay quien sostiene que el PP acaba de perder el control de la campaña. La propia Covite ha protestado por el enfoque de Díaz Ayuso. La entidad presidida por Consuelo Ordóñez, hermana de un concejal del PP vasco asesinado por ETA, le ha acusado de oportunismo y de faltar al respeto a los muertos. Hay quien afirma lo contrario: pese a defender posiciones matizadamente distintas sobre este asunto, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso mantienen una mínima coordinación, interpretando dos papeles –el moderado y la dura- para abarcar el mayor campo posible. Sea cual sea la química entre ambos personajes, lo cierto es que la propuesta de proceder a la ilegalización de una formación política en tiempos de normalidad democrática (el terrorismo de ETA dejó de existir hace más de una década), introduce una novedad sustantiva.

Se está sembrando la semilla de un programa de largo alcance: la transformación del sistema español de partidos, mediante la ilegalización en cadena de diversas formaciones políticas, con una legislación especial que hoy no existe y que una nueva mayoría parlamentaria podría arbitrar. Puesto que es muy difícil modificar de manera sustantiva la ley electoral general (blindada por la Constitución), se tomaría otro camino más abrupto: ilegalizar partidos.

Bildu, sería la primera formación en ser ilegalizada. Después vendrían los partidos independentistas y soberanistas catalanes. Incluso Podemos podría llegar a entrar en la lista. Hoy no existen mecanismos legales para una operación de este tipo, pero podrían llegar a existir en un futuro próximo. 

La semilla de este proyecto se está sembrando ahora y en la narración de la política de un país es importante ver en qué momento arrancan los cambios de fondo. Esta desabrida campaña electoral nos habla de ello. Se puede estar sembrando en estos momentos el germen de un nuevo incendio político y social en Catalunya, acompañado por otra inflamación del País Vasco y Navarra. ¿A quién puede interesar un horizonte de tales características en un país que está resistiendo mejor de los previsto las consecuencias económicas de la epidemia y de la guerra de Ucrania?”