El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha rechazado cualquier afirmación de haber violado la Constitución en respuesta a la filtración de una declaración en la que su antiguo ayudante lo acusa de haber propuesto un plan golpista a altos oficiales de las Fuerzas Armadas con el fin de evitar el regreso al poder del progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
El líder de extrema derecha, en un comunicado emitido por sus defensores, declaró que durante su mandato (2019-2022) nunca apoyó ninguna acción o proyecto que no estuviera respaldado por la ley.
Según Fábio Wajngarten, uno de sus abogados, Bolsonaro “nunca adoptó una conducta que desafiara los límites y garantías establecidos por la Constitución”.
Aunque no se menciona la razón de la publicación del comunicado, esta se produce poco después de que algunos sitios de noticias divulgaron extractos de la declaración que el exayudante de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, hizo a la Policía Federal a cambio de beneficios legales.
En su declaración, según la versión difundida, Cid asegura que el líder de extrema derecha convocó a una reunión con los líderes de las Fuerzas Armadas y otros militares para presentarles un plan golpista.
Cid relató que, aunque el entonces comandante de la Marina, almirante Almir Garnier Santos, parecía aprobar la propuesta de Bolsonaro, los demás oficiales la rechazaron, lo que dejó al mandatario sin el apoyo militar para sus planes.
El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, afirmó este jueves que el testimonio demuestra que, a excepción de algunos casos aislados, los militares no respaldaron las propuestas golpistas y garantizaron el Estado de derecho en Brasil.
En el mismo comunicado, sin mencionar a Cid, la defensa de Bolsonaro añade que “tomará las medidas legales apropiadas contra cualquier declaración difamatoria”.
A pesar de sus negaciones, Bolsonaro está siendo investigado por varias violaciones a la Constitución debido a que en diversas ocasiones ha respaldado ataques contra las instituciones y ha cuestionado la integridad del sistema electoral brasileño.
Sus declaraciones pueden complicar la situación de Bolsonaro en la investigación sobre la invasión del 8 de enero a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) por parte de una turba de seguidores del expresidente que intentaba impulsar un golpe contra Lula.
