La Policía Federal de Brasil ha acusado formalmente al expresidente Jair Bolsonaro de participar directamente en un intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022. Según el informe policial, Bolsonaro y otros 36 individuos, incluidos exministros y altos funcionarios, habrían conspirado para revertir los resultados electorales y mantener al exmandatario en el poder.
La acusación se basa en una investigación que reveló planes detallados para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Estos planes, denominados “Daga Verde y Amarilla”, incluían tácticas militares clandestinas y el uso indebido de recursos públicos.
Entre los acusados destacan figuras como Walter Braga Netto y Augusto Heleno, generales y exministros durante el gobierno de Bolsonaro. La Policía Federal sostiene que Bolsonaro tenía “pleno conocimiento” de estos planes y que las acciones se coordinaron desde el Palacio de la Alvorada, residencia oficial del presidente en ese momento.
En respuesta, Jair Bolsonaro ha negado su participación en cualquier plan golpista y ha calificado las acusaciones como una “persecución política”. El expresidente afirmó que “nunca haría nada fuera de la Constitución” y rechazó tener conocimiento sobre planes para asesinar a líderes políticos adversarios.
El caso ha sido remitido al Tribunal Supremo, que evaluará las pruebas presentadas y determinará los próximos pasos legales. De ser hallado culpable, Bolsonaro podría enfrentar penas de hasta 12 años de prisión por los delitos de abolición violenta del Estado de derecho, intento de golpe de Estado y participación en una organización criminal.
Este desarrollo marca un punto crítico en la política brasileña, evidenciando las tensiones y divisiones que persisten en el país tras las elecciones de 2022 y los eventos posteriores, incluyendo el asalto al Congreso el 8 de enero de 2023 por parte de seguidores de Bolsonaro.
