La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de derecho, Vera Jourova, ha subrayado este jueves que el examen que Bruselas está llevando a cabo sobre la ley de amnistía pactada por el PSOE con ERC y Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez no concluirá hasta que la norma sea adoptada y que se ceñirá a evaluar si viola el Derecho comunitario, dado que corresponde a las autoridades nacionales pronunciarse sobre su constitucionalidad.
“Examinaremos la ley de amnistía y veremos si hay una violación del Derecho comunitario, si no la hay, entonces le corresponde a las autoridades nacionales, al Tribunal Constitucional, decir si es constitucional o no”, ha indicado la vicepresidenta comunitaria en un debate sobre el Estado de derecho en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo.
Jourova ha concedido que la ley “creó mucha preocupación en todas partes”, en referencia a las quejas recibidas por el Ejecutivo comunitario de la judicatura, partidos políticos y sociedad civil que hicieron al comisario de Justicia, Didier Reynders, tomar la iniciativa de pedir información al Gobierno antes incluso de que la ley fuera registrada por el PSOE en el Congreso de los Diputados. El comisario ya ha dicho en varias ocasiones que estarán muy atentos a si el perdón afectaría a fondos de la Unión Europea o a la directiva sobre terrorismo.
La política checa ha dicho también que en ocasiones “no es fácil” decir que un asunto debe ser resuelto por el Constitucional de un país y no por el Ejecutivo comunitario, pero, ha subrayado, “la Comisión Europea no puede reemplazar al Tribunal Constitucional”.
Jourova se ha pronunciado así en respuesta a una interpelación de la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa quien ha advertido de la “involución” en materia democrática que se está observando en varios países de la Unión Europea porque “el populismo sale muy rentable”.
La eurodiputada ha señalado además que “cuánto más esperemos en situaciones de degradación del Estado de derecho”, más difícil será tomar medidas y frenar esa deriva; al tiempo que ha afeado a la Comisión Europea que sus exámenes anuales sobre el Estado de derecho en cada país del bloque sean “demasiado complacientes” porque a su juicio la institución no estaba preparada “para que fueran los gobiernos quienes atacaran el Estado de derecho desde dentro”.
Sobre la situación en España, Pagazaurtundúa ha denunciado que la situación “es gravísima” porque hay “ataques al poder judicial y a su independencia, intentos para controlarlo y, por otra parte, la utilización abusiva para castas de políticos de indultos y amnistías”.
