La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha dicho que confía en que la moderación salarial en el actual contexto de inflación “siga siendo la guía con el fin de evitar una espiral inflacionista que tendría consecuencias más negativas a medio plazo”.
Así lo ha dicho en una entrevista en el diario ‘La Vanguardia’ recogida este domingo por Europa Press, tras ser preguntada por si la inflación derivada de la guerra en Ucrania puede generar conflictividad laboral si no se alcanza un pacto salarial entre sindicatos y patronal.
Ha dicho que confía en la “responsabilidad con la que han actuado los agentes sociales” desde el inicio de la pandemia, porque asegura que estos han velado por el bien común y han logrado acuerdos importantes que tienen impactos positivos en el bienestar de los ciudadanos.
Preguntada por si la inflación afectará a las pensiones, ha destacado la necesidad de proteger a los pensionistas y darles tranquilidad, sobretodo después de “dos años tremendos, muy duros para todos los ciudadanos”.
APLICAR “LO ANTES POSIBLE” LA ‘EXCPECIÓN IBÉRICA’
Ha asegurado que todos los organismos prevén el pico de inflación en esta primera parte del año, ante lo que el Gobierno trabaja para aplicar “lo antes posible” la denominada ‘excepción ibérica’ y poner así un tope al precio de la electricidad en el mercado mayorista.
Ha recalcado que la aplicación de esta medida supone un cambio importante para limitar el impacto negativo de los precios en los mercados internacionales sobre “el mercado mayorista y, por tanto, sobre los ciudadanos españoles”.
Preguntada por el porcentaje de rebaja en la factura de la luz que se conseguirá con la aplicación de la ‘excepción ibérica’, ha respondido que esta depende de la hora del día y de la energía que sea necesaria para cubrir la demanda, y que “son muchos factores, pero podría llegar a reducirse hasta la mitad”.
Ha explicado que la compensación a las compañías gasísticas por la medida seguirá viniendo del sistema eléctrico, y ha defendido que el objetivo de la medida es que “solo se pague al precio del gas la energía generada con el gas y poner fin a los beneficios exorbitantes y extraordinarios”.
