Carmen Calvo y el CGPJ se enfrentan por los planes del gobierno que limitan el poder del Consejo

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha avisado este viernes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que “ningún poder” del Estado puede invadir la “soberanía parlamentaria” ni cuestionar su derecho a legislar, en este caso, sobre las funciones del órgano de gobierno de los jueces, como plantea la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos.

Calvo se ha pronunciado así al ser preguntada por la resolución aprobada por el Pleno del CGPJ en la que insta al Congreso de los Diputados a pedir opinión al Consejo de Europa sobre esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se está tramitando ya para evitar que este órgano pueda realizar nombramientos discrecionales estando en funciones.

“La independencia de los tres poderes del Estado, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, es de ida y vuelta. Es decir, la tenemos que cumplir todos“, ha zanjado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la inauguración de una mesa redonda que organiza el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

El tenso ambiente existente respecto a la renovación del Consejo General deriva de los más de dos años de provisionalidad de este organismo, cuyos vocales deberían haber sido renovados en 2018.

Por otro lado, en una conversación con Lesmes del miércoles, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió la necesidad de que cada poder del Estado se mantengan “en su lugar”, tanto el Ejecutivo como el legislativo, y el judicial y, por lo tanto, que el CGPJ no tiene más que esperar a que el Parlamento apruebe una norma para regular su funcionamiento, según ha explicado Calvo en una entrevista en La Sexta.

El bloqueo actual deriva de que el Partido Popular exige unas condiciones para la renovación que el gobierno considera inaceptables, y se agudiza por el divorcio entre las posturas gubernamentales, que están tramitando proyectos para que, mientras continúe esta situación, el CGPJ no puede realizar nombramientos ni una parte de sus decisiones ordinarias, y las del Consejo, presidido por Carlos Lesmes y de mayoría conservadora, que se opone a los planes del gobierno.

Otro de los grandes motivos de fricción consiste en la intención del ejecutivo de reducir la mayoría necesaria para la renovación desde los 3/5 actuales hasta la simple mayoría absoluta, lo cual haría innecesario el concurso del PP en el proceso, y ha sido denunciado por los populares ante los organismos europeos al considerar los populares que vulnera los principios de independencia del poder judicial.