Casi la mitad de los españoles nunca ha apostado, según YouGov, justo cuando el Gobierno prepara una nueva Ley del Juego

Casi la mitad de la población española, un 49%, asegura no haber apostado nunca, según una encuesta de YouGov publicada en mayo. La cifra sube hasta cerca del 60% entre las mujeres, y entre quienes sí han apostado, el fútbol concentra el 91% de las preferencias, con el canal online recogiendo la actividad más reciente y una penetración mayor entre los hombres.

El dato llega en paralelo a otro proceso: la consulta pública sobre la modificación de la Ley de Regulación del Juego se cerró el 22 de junio con más de cincuenta aportaciones, y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 redacta ya el anteproyecto que sustituirá parte de la Ley 13/2011, en vigor desde hace quince años.

Lo Que Revelan Los Datos Oficiales

La encuesta EDADES, que elabora el Plan Nacional sobre Drogas dependiente del Ministerio de Sanidad, sitúa en el 53,8% el porcentaje de población de entre 15 y 64 años que jugó dinero en 2024, un 56,1% entre los hombres y un 51,5% entre las mujeres. La mayor parte de esa actividad sigue siendo presencial, con un 52,9%, frente a un 5,5% que jugó online, aunque la tendencia va en direcciones opuestas: el juego presencial cae un 17% respecto a 2020, mientras el online se mantiene estable.

El propio Ministerio ha señalado que un 12% de los jóvenes de entre 18 y 25 años que apuestan online desarrolla problemas con el juego, muy por encima del 1,4% que la encuesta EDADES calcula para el conjunto de la población, 2,2% en hombres y 0,7% en mujeres. Esa brecha generacional es una de las razones que el anteproyecto cita para justificar la reforma.

El mercado regulado, por su parte, cerró 2024 con 1.991.550 jugadores activos, según los propios sistemas de control de la DGOJ, de los que 335.627 eran mujeres, un 16,9% del total y casi seis de cada diez con menos de 35 años. La pérdida media declarada se mueve entre 10 y 30 euros para la mayoría, aunque la media general sube hasta 539 euros, señal de que una minoría concentra el grueso del gasto.

Qué Propone El Anteproyecto

Según los objetivos que el propio Ministerio ha hecho públicos en el trámite de consulta, la reforma persigue reforzar los controles sobre los operadores, ampliar las herramientas de prevención, dotar al regulador de más instrumentos contra el juego ilegal y adaptar una ley redactada en 2011 al entorno digital actual.

No es la primera vez que el Gobierno toca esta ley por partes. En 2021 aprobó la reforma que restringió la publicidad del juego y las apuestas online, limitando los horarios de emisión de anuncios y prohibiendo los patrocinios de equipos de fútbol por parte de casas de apuestas. Aquel decreto acabó parcialmente anulado por el Tribunal Supremo tres años después, lo que deja a la nueva reforma la tarea de rehacer parte del camino con una base jurídica más sólida.

El sector sobre el que se legisla, además, no deja de crecer: el mercado regulado cerró 2024 con una facturación de 1.454,59 millones de euros, un 17,6% más que el año anterior, según la patronal Jdigital. Es ese ritmo de crecimiento, más que cualquier episodio puntual, lo que ha convencido al Ministerio de que la ley de 2011 necesita una revisión de fondo y no un simple parche.

El Perímetro Actual: Quién Tiene Licencia Hoy

Desde 2012, operar juego online en España exige dos licencias sucesivas: una general, que habilita por tipo de actividad (apuestas, casino, póquer, bingo), y una singular, que autoriza cada producto concreto dentro de esa actividad. Ese esquema de doble licencia lo fija la propia Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, la norma que ahora se reforma. Ambas licencias se tramitan ante la DGOJ, que además supervisa el cumplimiento técnico, investiga denuncias y sanciona a las plataformas que operan sin autorización sobre territorio español.

El registro de licencias generales y singulares es público y se actualiza con cada concesión, prórroga o revocación, lo que en teoría permite a cualquier usuario comprobar si la plataforma en la que juega está habilitada o no. En la práctica, son pocos los que hacen esa comprobación antes de registrarse: un informe de Jdigital y EY presentado en noviembre calculó que el juego online ilegal ya mueve 231 millones de euros al año, un 16% del mercado regulado, con uno de cada cuatro jugadores accediendo a operadores no autorizados. Casi la mitad de quienes creían jugar exclusivamente en plataformas legales, un 47,5%, había entrado en realidad en dominios sin licencia.

Con más de la mitad de la población española habiendo jugado dinero alguna vez, según los propios datos oficiales, esa confusión deja de ser un detalle menor. Un repaso a los casinos que ya operan con licencia estatal en Españarecoge precisamente esa comprobación: qué operadores cuentan hoy con licencia vigente de la DGOJ, la misma distinción que un 26% de los jugadores, según el propio informe de Jdigital, admite no saber hacer por su cuenta.

Los Proveedores Tecnológicos, El Actor Que Faltaba

Aquí está la novedad central del anteproyecto. Hasta ahora, la responsabilidad regulatoria recaía casi en exclusiva sobre el operador que pone la marca: la casa de apuestas o el casino que el jugador reconoce. Todo lo que hay detrás (plataformas de software, sistemas de agregación, proveedores de componentes técnicos para el juego online) quedaba fuera del radar directo de la DGOJ, aunque su funcionamiento fuera imprescindible para que el operador licenciado pudiera prestar el servicio.

La reforma plantea extender la cadena de responsabilidad hasta esos proveedores técnicos, sin sustituir al operador como sujeto regulado. Desde 2025, los operadores licenciados ya están obligados a incorporar sistemas de detección precoz de comportamientos de riesgo, construidos con microdatos reales de personas diagnosticadas con trastorno de juego. Si esa obligación se traslada también a quien construye la plataforma, la responsabilidad sobre esos sistemas, y sobre los datos de origen clínico que los alimentan, se reparte entre más manos.

La propia DGOJ ha documentado que las mujeres, con un 16,9% de las cuentas activas, concentran un 46,1% de las denuncias por suplantación de identidad en el juego online, una desproporción que apunta directamente a los sistemas de verificación que hay detrás del operador, no al operador en sí. Es exactamente el tipo de infraestructura que la reforma quiere sacar de la zona gris.

Conclusión

Los datos oficiales dibujan una población dividida casi a partes iguales entre quienes nunca han apostado y quienes lo hacen con cierta frecuencia, con una brecha generacional que preocupa especialmente al regulador. El anteproyecto que amplía la Ley 13/2011 a los proveedores tecnológicos responde a esa fotografía: busca endurecer los controles justo cuando el canal online, todavía minoritario frente al presencial, es el que no deja de crecer. La consulta pública ya recogió sus aportaciones; lo que decida el Congreso, sin mayoría propia del Gobierno para sacarla adelante en solitario, determinará si esta reforma logra lo que el reglamento de 2021 no consiguió, sobrevivir intacta al escrutinio judicial y parlamentario que suele esperar a este tipo de leyes en España.