Castilla y León perdió, entre los años 2008 y 2018, un total de 151.613 personas, algo más los habitantes de Salamanca, según revela el informe de ‘Fiscalización de la aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes en materia de despoblación en las entidades locales’ elaborado por el Consejo de Cuentas.
En este sentido, el documento recoge que la población en España entre 2002 y 2019 se incrementó un 14,3 por ciento, mientras que la de Castilla y León disminuyó un 1,9 por ciento. Es decir, el peso de la población de la Comunidad sobre el total español pasó del 5,9 por ciento al 5,1 en el periodo de referencia.
Todas las provincias de la comunidad experimentan descensos. La mayor variación de población por provincias entre 2008 y 2018 corresponde a Zamora (-11,5 por ciento), Ávila (-7,7 por ciento) y León (-7,2 por ciento), mientras que la menor disminución corresponde a Valladolid (-1,7 por ciento).
Además, el saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) de la Comunidad entre 2008 y 2018 ha sido de –106.828 personas, resultado negativo en todas las provincias en todos los años del periodo, a excepción de Valladolid de 2008 a 2011. Mientras, el saldo migratorio con otras comunidades autónomas en ese mismo periodo ha sido de -61.767 personas, siendo negativo, salvo puntuales excepciones, en todo el periodo y en todas las provincias.
La única excepción a este panorama desolador es que el saldo migratorio con otros países ha sido positivo, sumando 16.982 personas. Excepto, en los años 2012 a 2015, el saldo migratorio con origen o destino en el extranjero ha sido siempre positivo para la Comunidad, especialmente concentrado en las provincias de León, Salamanca y Valladolid.
MEDIDAS PROPUESTAS
En 2005 en la Comisión no permanente sobre la evolución de la población de Castilla y León, diferentes especialistas pusieron de manifiesto aspectos negativos de la tendencia decreciente de la población, como la baja natalidad, la escasa atracción de emigrantes y la disminución de la actividad económica.
No obstante, no llegó a definirse de forma concreta el problema, por lo que tampoco existió una presentación de objetivos. En este sentido, el documento asevera que no se ha puesto en marcha de manera efectiva el Observatorio permanente de estudio de la evolución de la población en Castilla y León, previsto mediante Acuerdo de la Mesa de las Cortes en 2006.
La mitad de las diputaciones y la mayoría de ayuntamientos (76 por ciento) manifiestan no haber recibido información alguna sobre medidas puestas en marcha por otras administraciones.
ADDENDA DE DATOS
Esta situación demográfica se enmarca en un conjunto que implica la fuerte pérdida de población de todo el oeste y noroeste peninsulares.
En concreto, para el caso de España, la evolución más negativa, por provincias, es esta:
