El Consejo General del Poder Judicial no es un tribunal, ni decide en cuestiones judiciales de ningún tipo, pero tiene una gran importancia porque según la Constitución «es el órgano de gobierno de los jueces», es decir, es quien decide en todas las cuestiones organizativas de la profesión, y, en la práctica, el eslabón que «une» a los jueces con los políticos. Sus informes son claves en muchas materias sensibles como, por ejemplo, en la designación del Fiscal General del Estado.

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ

Según la Constitución lo integran 20 miembros elegidos cada cinco años, 12 entre jueces y magistrados, otros cuatro por el Congreso, y otros cuatro por el Senado, entre abogados y juristas de reconocida competencia.

Lo que no dice la Constitución es quién tiene que elegir a los 12 jueces y magistrados. Se entendía en los inicios de la transición que esa elección correspondía a los propios jueces, pero enseguida se modificó este criterio y se adjudicó su designación, también, al Parlamento, por entender que esta vía era más democrática. En la práctica, por tanto, diez miembros del Consejo son designados por cada una de las cámaras. Y, más allá de la designación formal, quien realmente nombra a los consejeros son las cúpulas de los partidos en negociaciones previas. Y eso también vale para la figura clave: su presidente.

Reunión del Consejo General del Poder Judicial antes de la pandemia. Sigue siendo el mismo, después

Se suelen colocar en el CGPJ, además, a destacados magistrados del Tribunal Supremo, con la intención de controlar indirectamente Salas enteras de este Tribunal, que sí que juzga determinados asuntos: la Sala Segunda (de lo Penal) o la Sala Tercea (lo contencioso), siempre están en el punto de mira, porque acaban llegando a «entender» de asuntos que interesen a los partidos, sobre todo si están envueltos en temas de corrupción o disputas de otros tipos.

El asunto se complica más cuando entran en juego más socios. En la negociación actual, se dice que Podemos ha llegado a pedir cuatro magistrados, pero el PSOE solo estaría dispuesto a cederle dos, o incluso solo uno. Otros partidos, como el PNV, intentan influir (y a menudo lo consiguen) para conseguir representación, sobre todo si forman parte de los apoyos del gobierno de turno.

En estas condiciones, es fácil entender por qué cuesta tanto renovar la institución: porque, según algunos, más que una institución independiente se ha convertido en un mercado dependiente de la política.

En noviembre de 2013 se produjo la anterior designación, así que debería haberse nombrado nuevos consejeros en 2018, pero entonces salieron a la luz determinados manejos para controlar mediante las designaciones alguna de las salas del tribunal supremo, y las negociaciones se rompieron.

Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

En el verano de 2020 parecía que iba a haber acuerdo PP-PSOE, pero el clima político se ha tensado cada vez más, llegó el nuevo curso, ya casi está acabando y seguimos igual. El mecanismo de la negociación es el mismo de siempre: yo propongo a este para que tú tragues con el otro; yo renuncio a aquel, pero tú no nombras a aquel otro… El sistema se basa en una clara adscripción política de los consejeros, y, en definitiva, en las cuotas que se asignan a cada partido, que intenta controlar la mayoría de la institución. En la actual situación, con vetos del PP a Podemos y enemistades profundas, es imposible llegar a nada.

La cuestión de devolver la designación de la mayoría de los miembros del consejo a la elección de los jueces y quitársela a los partidos siempre está sobre el tapete, pero hay quien señala que no sería la solución, porque la judicatura no es un reflejo de la sociedad, sino solo de la parte de la sociedad que puede permitirse estudiar una carrera y pasar luego largos años de estudio de una oposición para acceder a una profesión que, además, es muy endogámica, y está repleta de «hijos de». ¿Por qué «esos» y no los representantes de la sociedad, van a elegir la dirección del órgano de gobierno de uno de los poderes del estado?

El debate apenas llega a los ciudadanos, pero tiene una enorme importancia real porque afecta a la esencia misma de nuestra democracia.

En EM repetimos un artículo como este cada pocos meses, porque no hay avances que permitan desencallar la situación. Al revés, hay retrocesos significativos.

El divorcio entre el gobierno y el CGPJ es cada vez mayor, porque en el otoño pasado se limitó legalmente la posibilidad que tiene este órgano de hacer nombramientos dentro de la carrera judicial y tomar otras decisiones de peso. Los magistrados, con un mandato prorrogado durante años, están cansados, pero el gobierno cree que no puede ponerse en manos de un órgano que debía haberse renovado hace dos años y medio (y de mayoría conservadora), decisiones de este tipo.

La cuestión ha llegado tan lejos que en el seno del CGPJ (y en una parte de la carrera judicial) se ha planteado la posibilidad de llegar al Tribunal Constitucional. Ayer, el pleno del CGPJ rechazó las propuestas instadas por ocho de sus vocales para llevar al TC la reforma legal llevada a cabo por PSOE y Unidas Podemos.

La iniciativa, instada por vocales todos ellos propuestos a iniciativa del PP, no logró finalmente el apoyo del resto de consejeros del sector conservador, por lo que los votos en contra sumaron un total de 13, entre ellos el del presidente del órgano, Carlos Lesmes.

En cambio, sí ha obtenido luz verde el texto con el que este órgano contestará a las preguntas que le ha remitido la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021. Porque el asunto también preocupa en Europa, y mucho, donde se está poniendo el foco en el nivel democrático de las instituciones de los países, tras los desencuentros con algunos dirigentes del este del continente.

El borrador del documento que se remitirá a la Comisión, ha sido aprobado por 17 votos a favor, 3 en contra. No ahorra críticas a la situación, y ente otros argumentos, el CGPJ advierte de que el principal impacto de la reciente reforma se verá en el Tribunal Supremo, donde actualmente hay siete vacantes que no se podrán cubrir.

Mientras tanto, la clase política sigue sin tomar decisiones, y el acuerdo de tres quintos del Congreso necesario para renovar el Consejo continúa topándose con el muro del imposible diálogo entre PP y PSOE.

No es esta la única materia en la que hay vetos cruzados que impiden que órganos constitucionales funcionen. La Comisión de Gastos Reservados, por ejemplo, lleva ya más de dos años sin poder constituirse.

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NezzhilD
Nezzhil (@nezzhil)
Picnic campestre
14 days ago

De primeras no estoy de acuerdo con la ley que está proponiendo el Gobierno, me parece un error gravísimo que puede llevar a resultados peligrosos a largo plazo.

Ahora bien, lo que proponen los jueces me parece una barbaridad también, yo que tengo la suerte de conocer bastante el ámbito universitario a nivel nacional. Un sistema elegido por y para una pequeña «secta» solo lleva a la mayor de las endogamias, una reducción del nivel general de la institución.

Si debe haber un sistema democrático y que sea representativo de la sociedad solo veo dos opciones:

  • El sistema de ahora, pero obligando al Congreso a que lleve unos plazos fijos.
  • Que sea elegido por sufragio de algún tipo, ya sea por votos de la ciudadanía o que la representación en las cámaras te da una serie de votos a usar en la elección que vas consumiendo.
Neoproyecto
Neoproyecto (@neoproyecto)
Rey del verano
14 days ago

La Comisión Europea está preocupada por el devenir del CGPJ en España y por la ausencia de independencia judicial, ya ni disimulada por parte del gobierno.

Sería paradójico que la UE advirtiera a España por el mismo motivo que advirtió a Polonia y que tanto escarnio genero. Al final el análisis simplón termina volviendo como un bumerán.

antonio
antonio (@antonio-6)
Picnic campestre
14 days ago

Cuando Pablo Iglesias pedía un CGPJ despolitizado, reducido y elegido por sufragio directo.
https://elpais.com/politica/2015/11/01/actualidad/1446409391_525424.html

Optimus Princeps
Optimus Princeps (@patreon_44133689)
Picnic campestre
14 days ago

Que alguien me explique donde queda la separación de poderes en España. El poder judicial es el gobierno, el legislativo son el gobierno y los socios del gobierno y el judicial son aquellas personas que designa el gobierno. Teniendo en cuenta que la fiscal general del estado es una exmiembro del gobierno, si este consigue encima rebajar a mayoria simple las condiciones para designar el CGPJ pues vaya tela. Mira que yo no soy especialmente monarquico, podria hasta ser medianamente republicano, pero parece que la jefatura del estado es el unico ambito con separacion real de poder.

Feli46
Feli46 (@feli_more31)
Rey del verano
14 days ago

El brutal asesino múltiple «Igor el Ruso», condenado a PPR con prohibición expresa de que salga de la cárcel antes de 30 años.

girondoe
girondoe (@girondoe)
Picnic campestre
14 days ago

Cuando el propio CGPJ abandona toda apariencia de neutralidad, tenemos una imagen de nuestra democracia de pandereta, producto del esfuerzo continuo de un bipartidismo enfermizo rematado por los años de gobierno de una mafia corrupta. En fin.

Feli46
Feli46 (@feli_more31)
Rey del verano
14 days ago

Resulta que ahora solo te puedes peinar acorde a tu raza (y eso que según los progres las razas no existen)

Acusan a Justin Bieber de apropiación cultural por su nuevo corte de pelo

Justin Bieber ha sido acusado de apropiación cultural por su nuevo corte de pelo. El cantante, que ahora luce unas rastas, ha recibido una serie de reproches a través de las redes sociales por ofender a la comunidad afroamericana.

El artista, de 27 años, se dejó ver con su nuevo peinado a comienzos de esta semana, y, desde entonces, no ha parado de recibir una retahíla de comentarios negativos en plataformas como Twitter e Instagram. Para algunos usuarios, el hecho de que Bieber haya cambiado su imagen optando por unas rastas es «ofensivo» e «irrespetuoso». Tanto es así que, en Twitter, le animan a cambiarlo y a disculparse, aunque algunos seguidores han salido en su defensa afirmando que el músico es «libre» de hacer lo que desee

https://www.20minutos.es/noticia/4676953/0/acusan-a-justin-bieber-de-apropiacion-cultural-por-su-nuevo-corte-de-pelo/

Last edited 14 days ago by Feli46