El CGPJ de momento no acudirá al Constitucional pero sí informará a Bruselas sobre su parálisis

El Consejo General del Poder Judicial no es un tribunal, ni decide en cuestiones judiciales de ningún tipo, pero tiene una gran importancia porque según la Constitución «es el órgano de gobierno de los jueces», es decir, es quien decide en todas las cuestiones organizativas de la profesión, y, en la práctica, el eslabón que «une» a los jueces con los políticos. Sus informes son claves en muchas materias sensibles como, por ejemplo, en la designación del Fiscal General del Estado.

Según la Constitución lo integran 20 miembros elegidos cada cinco años, 12 entre jueces y magistrados, otros cuatro por el Congreso, y otros cuatro por el Senado, entre abogados y juristas de reconocida competencia.

Lo que no dice la Constitución es quién tiene que elegir a los 12 jueces y magistrados. Se entendía en los inicios de la transición que esa elección correspondía a los propios jueces, pero enseguida se modificó este criterio y se adjudicó su designación, también, al Parlamento, por entender que esta vía era más democrática. En la práctica, por tanto, diez miembros del Consejo son designados por cada una de las cámaras. Y, más allá de la designación formal, quien realmente nombra a los consejeros son las cúpulas de los partidos en negociaciones previas. Y eso también vale para la figura clave: su presidente.

Se suelen colocar en el CGPJ, además, a destacados magistrados del Tribunal Supremo, con la intención de controlar indirectamente Salas enteras de este Tribunal, que sí que juzga determinados asuntos: la Sala Segunda (de lo Penal) o la Sala Tercea (lo contencioso), siempre están en el punto de mira, porque acaban llegando a «entender» de asuntos que interesen a los partidos, sobre todo si están envueltos en temas de corrupción o disputas de otros tipos.

El asunto se complica más cuando entran en juego más socios. En la negociación actual, se dice que Podemos ha llegado a pedir cuatro magistrados, pero el PSOE solo estaría dispuesto a cederle dos, o incluso solo uno. Otros partidos, como el PNV, intentan influir (y a menudo lo consiguen) para conseguir representación, sobre todo si forman parte de los apoyos del gobierno de turno.

En estas condiciones, es fácil entender por qué cuesta tanto renovar la institución: porque, según algunos, más que una institución independiente se ha convertido en un mercado dependiente de la política.

En noviembre de 2013 se produjo la anterior designación, así que debería haberse nombrado nuevos consejeros en 2018, pero entonces salieron a la luz determinados manejos para controlar mediante las designaciones alguna de las salas del tribunal supremo, y las negociaciones se rompieron.

En el verano de 2020 parecía que iba a haber acuerdo PP-PSOE, pero el clima político se ha tensado cada vez más, llegó el nuevo curso, ya casi está acabando y seguimos igual. El mecanismo de la negociación es el mismo de siempre: yo propongo a este para que tú tragues con el otro; yo renuncio a aquel, pero tú no nombras a aquel otro… El sistema se basa en una clara adscripción política de los consejeros, y, en definitiva, en las cuotas que se asignan a cada partido, que intenta controlar la mayoría de la institución. En la actual situación, con vetos del PP a Podemos y enemistades profundas, es imposible llegar a nada.

La cuestión de devolver la designación de la mayoría de los miembros del consejo a la elección de los jueces y quitársela a los partidos siempre está sobre el tapete, pero hay quien señala que no sería la solución, porque la judicatura no es un reflejo de la sociedad, sino solo de la parte de la sociedad que puede permitirse estudiar una carrera y pasar luego largos años de estudio de una oposición para acceder a una profesión que, además, es muy endogámica, y está repleta de «hijos de». ¿Por qué «esos» y no los representantes de la sociedad, van a elegir la dirección del órgano de gobierno de uno de los poderes del estado?

El debate apenas llega a los ciudadanos, pero tiene una enorme importancia real porque afecta a la esencia misma de nuestra democracia.

En EM repetimos un artículo como este cada pocos meses, porque no hay avances que permitan desencallar la situación. Al revés, hay retrocesos significativos.

El divorcio entre el gobierno y el CGPJ es cada vez mayor, porque en el otoño pasado se limitó legalmente la posibilidad que tiene este órgano de hacer nombramientos dentro de la carrera judicial y tomar otras decisiones de peso. Los magistrados, con un mandato prorrogado durante años, están cansados, pero el gobierno cree que no puede ponerse en manos de un órgano que debía haberse renovado hace dos años y medio (y de mayoría conservadora), decisiones de este tipo.

La cuestión ha llegado tan lejos que en el seno del CGPJ (y en una parte de la carrera judicial) se ha planteado la posibilidad de llegar al Tribunal Constitucional. Ayer, el pleno del CGPJ rechazó las propuestas instadas por ocho de sus vocales para llevar al TC la reforma legal llevada a cabo por PSOE y Unidas Podemos.

La iniciativa, instada por vocales todos ellos propuestos a iniciativa del PP, no logró finalmente el apoyo del resto de consejeros del sector conservador, por lo que los votos en contra sumaron un total de 13, entre ellos el del presidente del órgano, Carlos Lesmes.

En cambio, sí ha obtenido luz verde el texto con el que este órgano contestará a las preguntas que le ha remitido la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021. Porque el asunto también preocupa en Europa, y mucho, donde se está poniendo el foco en el nivel democrático de las instituciones de los países, tras los desencuentros con algunos dirigentes del este del continente.

El borrador del documento que se remitirá a la Comisión, ha sido aprobado por 17 votos a favor, 3 en contra. No ahorra críticas a la situación, y ente otros argumentos, el CGPJ advierte de que el principal impacto de la reciente reforma se verá en el Tribunal Supremo, donde actualmente hay siete vacantes que no se podrán cubrir.

Mientras tanto, la clase política sigue sin tomar decisiones, y el acuerdo de tres quintos del Congreso necesario para renovar el Consejo continúa topándose con el muro del imposible diálogo entre PP y PSOE.

No es esta la única materia en la que hay vetos cruzados que impiden que órganos constitucionales funcionen. La Comisión de Gastos Reservados, por ejemplo, lleva ya más de dos años sin poder constituirse.