El Congreso ha cumplido ya dos años sin reunir a la Comisión de control de los Gastos Reservados, lo que supone que durante estos 24 meses no se está ejerciendo el control parlamentario que exige la ley sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ni sobre el uso de los fondos reservados en manos de Interior, Defensa y Exteriores.
La norma que regula los fondos reservados desde 1995 establece, en su artículo 7, que los créditos destinados a gastos reservados deben estar sujetos al control del Congreso, “a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales”.
Y en esa comisión, añade, los titulares de los Ministerios que tienen asignadas partidas de gastos reservados “informarán semestralmente sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios”, por supuesto en sesiones secretas. Es más, la ley añade que la comisión “podrá elaborar un informe para su remisión a los Presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas”.
Pero la Comisión de control de los Gastos Reservados sigue sin crearse un año y medio después de constituirse el Congreso, como tampoco se constituyó en la legislatura corta de 2019 por la convocatoria anticipada de elecciones.
De hecho, la última vez que se reunió la también conocida como comisión de secretos fue hace dos años, el 3 de marzo de 2019, justo un día antes de que se disolvieran las Cortes Generales para dar paso a las fallidas elecciones generales del 28 de abril.
Aquel día el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, acudió a este órgano para detallar, a puerta cerrada, el destino de los gastos reservados que gestionaba su departamento. Lo propio habían hecho días antes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa) para hablar de sus fondos reservados y, también, de los viajes del presidente Pedro Sánchez, los gastos en inteligencia o la conocida como ‘operación Kitchen’.
VETOS CRUZADOS
El problema que impide su constitución es que, para que grupos como ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la comisión es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 149 y, si todos ellos se niegan, nadie puede llegar al mínimo de 210.
Tanto Vox como Ciudadanos ya adelantaron al inicio de la legislatura que no pensaban aportar ni un voto a los independentistas advirtiendo de que harían todo lo posible para que no entraran en esta suerte de club selecto con acceso a información reservada. Y el PP tampoco piensa apoyar que Bildu pueda acceder a los secretos de Estado.
Pero es que, visto del otro lado, tampoco el PP, Vox y Ciudadanos llegan a los 210 votos que se necesitan para formar parte de la comisión, por lo que necesitan la ayuda del PSOE y de Unidas Podemos, que recelan de la presencia de los de Santiago Abascal.
Artículo elaborado por EM a partir de las informaciones procedentes de Europa Press
