El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha acordado imputar a la exjefa de prensa de Podemos Gara Santana por presuntos delitos de malversación de fondos para esclarecer si, como ha señalado en el juzgado una excompañera de partido, actuaba como cuidadora de los hijos de Irene Montero en el 2019 antes de ser ministra de Igualdad. La mujer debe presentarse el 10 de mayo a las 10:45 am.
La decisión se produce después de que el forense confirmara las acusaciones de Vox y ProLege y pidiera a Podemos que identificara a la persona, apodada “Gara”, del ex escolta que habría trabajado con el equipo de prensa de Montero en 2018.
Vox y Prolege pidieron su testimonio en documentos separados después de que un ex escolta de Montero declarara en el juzgado que “Gara” había hecho el trabajo de cuidado de menores. Sería la segunda colaboradora de la formación vinculada a este tipo de trabajos, como ya ha denunciado la exjefa de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona que Teresa Arévalo -exjefa de Gabinete de Montero que investigó el caso- “Cuidadora” una de los menores
El ex escolta declaró el pasado 22 de marzo en la primera audiencia celebrada en esa pieza separada desde que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juez la reanudación de la causa, que había sido remitida a otro juzgado. Ante lo revelado, las denuncias realizadas por Vox y ProLege enviaron cartas al juzgado exigiendo su comparecencia.
En concreto, se investiga el pago de dos billetes de tren por parte de Unidas Podemos a la menor y a Arévalo, quien figura como investigada en la causa junto a la gerente del partido -Rocío Esther Val- y al tesorero de la formación -Daniel de Frutos-. Todos declararon ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, José María Escribano.
Val y De Frutos ratificaron que Arévalo no ejercía de niñera de los hijos de Montero, recalcando que era una responsable política de la formación morada que en esa época cobraba del grupo parlamentario, no del partido, y que el gasto electoral del viaje a Alicante fue avalado en su momento por el Tribunal de Cuentas.
