Ciudadanos ha registrado este lunes en el Congreso una batería de iniciativas orientadas a conocer si el Gobierno dio al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, un supuesto ‘chivatazo’ por un registro policial en la Consejería de Obras Públicas por las presuntas irregularidades en adjudicaciones del Servicio de Carreteras.
El presidente autonómico ha desvelado que fue avisado por la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, de que se iba a registrar la sede de la Consejería de Obras Públicas: a las 7.20 recibió la llamada anunciado que a las 7.30 se iniciaba la intervención policial.
La delegada ha subrayado este lunes que informó al presidente autonómico de la operación cuando la Conserjería estaba ya “totalmente custodia desde hacía mucho tiempo por la Policía Nacional” y ha alegado que era su deber.
SI ESTABA BAJO SECRETO, ¿QUIÉN AVISÓ A LA DELEGADA?
El portavoz de Ciudadanos en la comunidad autónoma, Félix Álvarez ha elevado el caso a la Fiscalía para que investigue “quién avisó a la delegada del Gobierno de una intervención judicial bajo secreto de sumario”.
Y en el Congreso, Ciudadanos ha solicitado la comparecencia de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y de la propia Quiñones. Además, ha registrado preguntas escritas para que el Gobierno explique si tenía conocimiento de que se iba a producir el registro y por qué fuente.
En caso negativo, los ‘naranjas’ se interesan sobre por qué Quiñones sí conocía esta información, si el Ejecutivo piensa tomar medidas contra ella por el presunto chivatazo y si piensa llevar a cabo algún tipo de investigación para depurar responsabilidades ante “la clara violación del secreto de sumario”.
En rueda de prensa desde el Cabildo de Tenerife, la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha lamentado estar “en un momento en el que se vuelve a la España de la corrupción” y ha asegurado que desde su partido no lo van a “permitir”.
