La jueza Nuria Ruiz Tobarra, del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, ha señalado nuevamente a la Generalitat Valenciana como principal responsable por no alertar a tiempo a la población durante la DANA del 29 de octubre de 2024, tragedia que resultó en 228 fallecidos. En su auto, la magistrada critica que, pese a existir un consenso entre el gobierno autonómico y el central para no declarar una emergencia nacional, esta no era imprescindible para activar medidas de alerta y autoprotección ciudadana. Además, reprocha que no se declarase una situación de emergencia catastrófica, decisión que correspondía al president Carlos Mazón.
La investigación también ha revelado que la Generalitat admitió su responsabilidad en la vigilancia del cauce del barranco del Poyo durante el episodio de fuertes lluvias. Según un informe del director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, los agentes medioambientales del gobierno autonómico estaban obligados a monitorizar ríos, barrancos y zonas inundables como parte del Plan Especial de Inundaciones.
En cuanto a la gestión de la alerta, la exconsejera de Emergencias, Salomé Pradas, declaró que no logró contactar con el presidente valenciano Carlos Mazón durante más de una hora en un momento crítico del 29 de octubre. Según el registro de llamadas entregado a la jueza, se registraron intentos fallidos de contacto entre las 18:30 y las 19:43, incluyendo llamadas a las 19:10 y 19:36 sin respuesta.
La jueza ha rechazado investigar la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con la tragedia, argumentando que el análisis de la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional “queda extramuros completamente del procedimiento penal” en curso y “carece de nexo causal alguno con los fallecimientos y lesiones” producidos el 29 de octubre del pasado año citeturn0search3.
Por otro lado, la Generalitat Valenciana ha admitido ante la jueza que disponía de agentes encargados de vigilar cauces y barrancos durante la DANA. Estos agentes se pusieron a disposición de la Agencia de Emergencias, entonces dirigida por Emilio Argüeso, para el seguimiento de caudales en zonas inundables durante el día de la DANA, como el barranco del Poyo.
La investigación continúa para esclarecer las responsabilidades en la gestión de la emergencia y las posibles consecuencias penales derivadas de las actuaciones de los responsables políticos y técnicos durante la tragedia.
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