La defensa de Quim Torra alega que no dudó entre obedecer derechos fundamentales o “una orden ilegal”

La defensa del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha expresado este miércoles que el 21 de diciembre de 2017 no dudó “entre la obediencia a los derechos fundamentales y la obediencia a una orden ilegal”.

En el escrito de defensa presentado este miércoles de la segunda causa por desobediencia en el Juzgado 24 de Barcelona, por la negativa de retirar de la fachada de la Generalitat una pancarta sobre los presos independentistas, ha pedido la absolución de una acusación que “no se tendría que haber producido nunca en cumplimiento de los derechos fundamentales reconocidos en la legislación actual española” y en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La defensa ha expresado que la pancarta que colgó el expresidente en la fachada de la Generalitat “por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados” es una manifestación del derecho a la libertad de expresión y que Torra quería representar el clamor de miles de ciudadanos en un acto de protección y garantía de Derechos Humanos.

También ha pedido incluir en las pruebas documentales la resolución que exigía al Estado español “no perseguir judicialmente los gobernantes que defendieran la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados”.

Ha argumentado que los actos políticos de un presidente, miembro del Govern y diputado “están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria y empleados por la libertad de expresión y de representación política”, y que la criminalización del expresidente infringe derechos fundamentales.

También ha alegado que el Tribunal Constitucional ha establecido que “un mismo hecho no puede ser un ejercicio de derecho fundamental y la comisión de un delito”, y ha lamentado que en el proceso legal contra Torra no se ha hecho esta valoración previa.

Ha sostenido que la interpretación jurídica expansiva que se ha hecho para aplicar el artículo del Código Penal de desobediencia y denegación de auxilio “produce una inseguridad jurídica resultante de la arbitrariedad mostrada por esta extralimitación que buscaba reprimir la libertad de expresión mediante la exacerbación de tipo penal”.

Para concluir, ha pedido practicar en el juicio oral el interrogatorio del expresidente, citar como testigos a Pere Cardús, Joan Ramon Casals i Carles Fabró, la lectura de los folios de las acusaciones, que se señale la fecha y la hora para la celebración del juicio oral y la sentencia absolutoria para Torra.

Artículo elaborado por EM a partir de un teletipo de