La Confederación Española de Policía (CEP) ha exigido la rectificación inmediata del juez Juan Carlos Peinado por las “gravísimas afirmaciones” contenidas en el auto en la que dicta juicio oral contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en el que llega a insinuar que los agentes encargados de su protección podrían colaborar en una hipotética fuga para sustraerla de la acción de la Justicia.
En un comunicado, CEP sostiene que la sola formulación de esa hipótesis constituye “un ataque intolerable, injustificado y profundamente ofensivo” contra la honorabilidad de miles de policías nacionales que, cada día, sirven al Estado “con absoluta lealtad a la Constitución, al ordenamiento jurídico y a las resoluciones judiciales”.
Por ello, la organización policial advierte de que, si no llega esa rectificación, estudiará poner los hechos en conocimiento de los órganos de gobierno del Poder Judicial para que se depuren las eventuales responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de unas manifestaciones que considera “incompatibles con el respeto institucional” que merecen los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
“NO SOMOS LA GUARDIA PRETORIANA AL SERVICIO DE NINGÚN GOBIERNO”
El CEP considera “especialmente grave” que un magistrado, “sin aportar el más mínimo indicio, dato objetivo o antecedente”, cuestione la integridad profesional de los funcionarios encargados de la protección de las altas autoridades del Estado y proyecte sobre ellos “una sombra de sospecha tan injusta como infamante”.
“Los policías nacionales no somos una guardia pretoriana al servicio de ningún Gobierno, de ningún partido político ni de ninguna persona concreta”, subraya el sindicato, que recalca que son servidores públicos sometidos exclusivamente al principio de legalidad y al mandato constitucional de proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de la ley.
La Confederación considera “sencillamente miserable” que, para justificar una determinada decisión procesal, se construya un escenario “puramente especulativo” basado en la eventual deslealtad de servidores públicos cuya trayectoria profesional está presidida por el cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales, incluso en las circunstancias “más difíciles y delicadas”.
El CEP defiende que la protección de autoridades es una de las funciones “más sensibles y exigentes” de las FCSE, recuerda que los agentes destinados en estas unidades trabajan sometidos a estrictos protocolos de seguridad, control y responsabilidad, y advierte de que los más de 70.000 hombres y mujeres que integran la Policía Nacional han demostrado durante décadas, bajo gobiernos de todos los signos políticos, una profesionalidad y una neutralidad institucional “absolutamente incuestionables”.
