El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cumplió dos años en funciones el pasado 4 de diciembre, continúa cumpliendo con sus atribuciones legales ajeno a la polémica política sobre la intención de PSOE y Podemos de sacar adelante una reforma para evitar que puedan hacer nombramientos en la cúpula judicial una vez concluya su mandato.
Así, la Comisión Permanente del pasado jueves aprobó elevar al último Pleno del año, que se celebra el jueves 17 de diciembre, la aprobación de varias bases de convocatoria de plazas que se quedan ahora vacantes en el Supremo por jubilación de magistrados en cuatro Salas del Tribunal Supremo (de lo Civil, Contencioso-Administrativo, Social y Militar), así como las relativas a otras vacantes en los tribunales superiores del País Vasco y Extremadura y en varias audiencias provinciales.
Igualmente, se aprobó poner en marcha un plan de presentación telemática de las solicitudes para la participación en los concursos de provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, excepto la cobertura de plazas del Tribunal Supremo reservadas a juristas de reconocida competencia, que se convoquen a partir de 2021.
A ello se unirá, según fuentes de este órgano, la posibilidad de que el órgano de gobierno de los jueces retome los nombramientos que quedaron aplazados de nuevo tras el último amago de renovación de esta institución, que finalmente parece haber quedado paralizada por la falta de acuerdo entre PSOE y PP hasta al menos la celebración de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.
La inclusión o no de estos nombramientos en el último Pleno del año, que se celebra el 17 de diciembre, se conocerá previsiblemente este lunes y dependerá de que se alcance un amplio consenso entre los sectores conservador y progresista para designar a los nuevos magistrados respecto de 17 plazas que están preparadas para ser cubiertas en diversos órganos, entre civiles y togado militares, una de ellas en la Sala de lo Social del Supremo.
La mayoría del órgano del gobierno de los jueces considera que están perfectamente legitimados para hacer nombramientos.
Los dos grupos parlamentarios del gobierno, por su parte, pretenden debatir su proposición de ley antes de que finalice el año, lo que se une a la propuesta de reforma del Poder Judicial que registraron para tratar de desbloquear su renovación, paralizada de momento a la espera de que el PP acceda a desbloquear el relevo del cupo de juristas.
