El Consejo General del Poder Judicial ha expresado su rechazo a las críticas dirigidas contra varios jueces durante una sesión parlamentaria celebrada en el Congreso. El órgano de gobierno de los jueces aprobó una declaración institucional por unanimidad en la que defendió la necesidad de preservar la independencia judicial y de evitar intervenciones que puedan deteriorar la confianza de la ciudadanía en los tribunales.
La declaración se produjo después de las intervenciones de varios diputados que aludieron a magistrados concretos y al funcionamiento del Poder Judicial. El CGPJ subrayó que los parlamentarios cuentan con inviolabilidad en el ejercicio de su cargo, pero advirtió de que esa protección no elimina la gravedad institucional de determinadas descalificaciones cuando afectan directamente a jueces y magistrados.
El órgano de gobierno de los jueces pidió respeto a la independencia del Poder Judicial y reclamó que las intervenciones parlamentarias se desarrollen sin ataques personales ni expresiones que puedan cuestionar la legitimidad de la actuación jurisdiccional.
Según la información publicada por Onda Cero y EFE, las alusiones se produjeron en la sesión del 30 de enero, cuando diputados de Junts, Podemos y Sumar mencionaron a distintos jueces vinculados a causas de alta relevancia política y judicial. Entre ellos figuraban el magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó el procés; el juez Manuel García Castellón, instructor de la causa de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional; y Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, encargado de la investigación del caso Voloh. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
El CGPJ consideró que las descalificaciones pueden minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, especialmente cuando se producen desde la tribuna parlamentaria y afectan a procedimientos todavía abiertos o a resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales.
Durante el debate, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, se refirió a varios magistrados en términos muy duros. Desde Podemos, Martina Velarde vinculó determinadas actuaciones judiciales con una ofensiva contra la futura ley de amnistía y señaló de forma expresa al juez García Castellón. Por parte de Sumar, Gerardo Pisarello hizo referencia a un magistrado de la Audiencia Nacional al hablar del caso Kitchen y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.
También intervinieron representantes de ERC y EH Bildu, aunque en esos casos las referencias no se dirigieron a jueces con nombres y apellidos. Pilar Vallugera y Jon Iñárritu centraron sus críticas en el Poder Judicial como institución, con advertencias sobre actuaciones procedentes del ámbito judicial.
La declaración institucional fue aprobada por unanimidad por el CGPJ, un hecho que refuerza el mensaje de rechazo a los ataques contra jueces y magistrados y la defensa de la separación de poderes.
El pronunciamiento llega en un contexto de tensión política por las causas judiciales relacionadas con el independentismo catalán y por la tramitación de la amnistía. El CGPJ insistió en que la crítica política puede ejercerse dentro de los cauces democráticos, pero recordó que debe realizarse sin poner en cuestión la independencia de los jueces ni atribuirles intenciones ajenas a su función jurisdiccional.
El Consejo reclamó evitar descalificaciones contra jueces desde el ámbito parlamentario y defendió que el respeto institucional resulta esencial para mantener la confianza en el sistema judicial.
