El exalcalde de Cádiz José María González ‘Kichi’ ha sido citado a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación este lunes en el Juzgado de Instrucción número dos de la capital gaditana, según han indicado a Europa Press fuentes del TSJA. Junto al alcalde, están citados a declarar otros dos concejales –de Personal y Hacienda– en el momento de los hechos, que corren de noviembre de 2018 a abril de 2019, así como dos asesores, entre ellos el que era su jefe de gabinete.
Los hechos, se centran en el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018 y que durante varios meses estuvo analizando y manipulando documentos municipales, pese a no formar parte de la plantilla ni tampoco ser nombrado asesor del alcalde, de su gobierno ni de ningún ente dependiente del Ayuntamiento.
En este sentido, ha señalado que según se desprende de las diligencias e investigación, iniciada en 2021, la llegada del asesor al Ayuntamiento estaría avalada por la organización nacional de Podemos, para la que trabajaba en Madrid, desde donde llegó a Cádiz a asesorar en materia de Contratación, en la que lo consideraban un experto, dando órdenes que debían ser acatadas por los funcionarios y siendo respaldado por el equipo de gobierno.
ADELANTE ANDALUCÍA HABLA DE ‘LAWFARE’
Por su parte, Adelante Andalucía Cádiz ha afirmado que se trata de una más de las 18 denuncias recibidas, “todas archivadas”, que “responden a esa estrategia de ‘lawfare’ de la que hoy tanto se habla, de judicialización de la vida política para embarrarla en cuestiones jurídicas y que tenía como fin torpedear y entorpecer continuamente el trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz con el objetivo de paralizar los avances en la actividad municipal”.
A juicio de Adelante Andalucía, “se trata del décimo octavo intento del PP y su entorno de judicializar la imagen de José María González ‘Kichi’ a lo largo de sus ocho años de gobierno como estrategia para recuperar el poder de lo que considera suyo”.
En este sentido, ha afirmado que “el factor principal a tener en cuenta en esta ocasión es que la investigación inicial la propicia la que fuera por aquel entonces delegada sindical de la Policía Local, con el continuo boicot que parte de la plantilla de este ente municipal ha propiciado a lo largo de los ocho años de gobierno, y dos excargos de libre designación del PP”.
